Actualizado 23/07/2008 06:47

Ecuador.- La Justicia ecuatoriana advierte del caos que pueden causar los cambios en la Asamblea Constituyente

QUITO, 23 Jul. (Reuters/EP) -

La Corte Suprema de Justicia de Ecuador (CSJ) advirtió ayer acerca de un "caos" en la función judicial si la Asamblea Constituyente cesa en sus funciones a una veintena de magistrados, una medida que habría dividido al movimiento político del presidente del Gobierno, Rafael Correa.

Los asambleístas debaten un texto que ordena la cesación de 21 de los 31 magistrados que integran la CSJ y que fueron seleccionados en 2005, tras un concurso de méritos. La resolución, que será discutida hoy durante un segundo debate, es independiente a los textos de la nueva Carta Magna que la Asamblea Constituyente aprobó y deberán ser ratificados en un referendo previsto para fines de septiembre.

"Si no se tiene conocimiento y se pasa por meras concepciones intelectuales estaríamos creando un caos", declaró el titular de la CSJ, Roberto Gómez, en una entrevista televisada. En los planes de los asambleístas está contemplado que sigan ejerciendo 10 magistrados, los que obtuvieron la mayor puntuación en el proceso de selección, quienes se encargarán de evacuar los trámites mientras se integra una nueva Corte con las nuevas reglas fijadas en el proyecto de Constitución.

La reestructuración de la CSJ fue negada anteriormente por los asambleístas de la oposición y parte del oficialismo, pero antes de concluir con su trabajo esta semana el movimiento político de Correa decidió insistir en el tema. La medida es vista por una parte de los jueces como una jugada política oficial para tener a la Corte bajo su control.

El magistrado José Hernán Ulloa opinó que "este es un plan pre establecido para tomarse la justicia en el Ecuador". El Gobierno "pretende abarcar todos los poderes", dijo.

OFICIALISMO DIVIDIDO

Pasado el segundo debate, los asambleístas votarán un texto de consenso y eso debe ocurrir antes del 26 de julio, que es cuando la Asamblea cesa sus funciones. La resolución también deberá esperar un triunfo en las urnas para su vigencia. Aun así, alcanzar un texto de consenso podría ser difícil debido a una división en el bloque oficial, tras una acusación de Correa de que algunos asambleístas se habrían apartado del plan político y estarían defendiendo intereses particulares.

"El proyecto es de todos, aquí no hay gerente propietario de un proyecto. Es un proyecto que se ha ido nutriendo, que se ha ido realizando hace mucho tiempo atrás", comentó el asambleísta Alberto Acosta, quien integraría la lista mencionada por Correa y ha puesto objeciones a algunas decisiones.

El presidente de la Asamblea, Fernando Cordero, negó la aparente división, que surgió tras la negativa de Correa de reconocer el quichua como idioma oficial y otros temas, entre ellos la cesación de los magistrados, según medios locales. "No está dividido (el bloque), vamos a llegar unidos y robustecidos", dijo al aclarar que la intención de la asamblea no es "meter mano en la justicia", ni nombrar magistrados. En la nueva carta magna la CSJ pasaría a llamarse Corte Nacional de Justicia, se limita el número de sus integrantes a 21 y se resta algunas funciones.