QUITO, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -
El Ministerio de Defensa de Ecuador ha aclarado este lunes que no hubo intervención militar en la comunidad Sarayaku, a pesar de que los indígenas sostienen que varios helicópteros sobrevolaron la zona en busca de tres políticos opositores al Gobierno de Rafael Correa.
"Ante la información publicada en medios de comunicación sobre la supuesta participación de efectivos militares en Sarayaku, el Ministerio de Defensa informa de que no ha existido ninguna presencia ni se realizaron sobrevuelos", ha dicho en un comunicado.
El Ministerio de Defensa ha destacado que "esta información contrarresta la versión emitida, a través de un comunicado de prensa, por el pueblo originario kichwa de Sarayaku".
El presidente de la comunidad Sarayaku, José Gualinga, denunció el pasado viernes que un helicóptero sobrevoló el río Sayaraquillo y el centro del asentamiento indígena, algo que sus dirigentes han interpretado como una acción de intimidación.
"Aquí nunca había pasado eso, los niños se asustaron y toda la comunidad se puso en alerta máxima (...) Eso es hostigamiento", explicó, por su parte, al diario 'El Comercio' Marlon Santi, uno de los líderes sarayaku.
La intervención militar se produjo, supuestamente, después de que la comunidad Sarayaku anunciara en un comunicado que había decidido acoger a los políticos opositores Clever Jiménez, Fernando Villavicencio y Carlos Figueroa, condenados por injurias por haber acusado a Correa de cometer delitos de lesa humanidad.
"Ellos están bajo nuestra protección. Aquí en nuestro territorio ellos son libres, no tienen ninguna condena y eso lo vamos a garantizar", dijo Gualinga, explicando que habían decidido darles protección porque están pasando por lo mismo que los indígenas.
"Nuestro pueblo afrontó un juicio internacional en contra del Estado ecuatoriano por la explotación petrolera. Ellos también están siendo perseguidos por denunciar lo justo, no son delincuentes", añadió Santi.
Jiménez, Villavicencio y Figueroa acusaron a Correa de cometer delitos de lesa humanidad el 30 de septiembre de 2010, durante el fallido golpe de Estado, --según argumentan-- por desatar una ola de violencia, en la que murieron diez personas, fingiendo su secuestro y su rescate en el Hospital de la Policía de Quito.
El pasado 14 de enero, el Tribunal de Casación de la Sala Especializada de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia de Ecuador ratificó la condena a hasta 18 años de cárcel, al pago de una multa de 140.000 dólares y a pedir disculpas públicamente contra los tres opositores.