QUITO, 1 Abr. (Notimerica/EP) -
La batalla judicial que Ecuador mantiene contra la petrolera estadounidense Chevron se remonta a la década de 1990, cuando los pobladores de la selva amazónica intentaron por primera vez obtener una compensación por la contaminación en el noreste de Ecuador causada por Texaco a partir de 1964.
Chevron adquirió Texaco y lleva más de 20 años enfrascada en la batalla legal, al igual que Stephen Donziger, el abogado de los pobladores, quien ha pasado gran parte de su carrera representando al grupo ecuatoriano.
Sobre este letrado, el juez estadounidense Lewis Kaplan dictaminó en un fallo que usó "medios corruptos" para ayudar a los pobladores de la región de Lago Agrio a ganar el histórico juicio por 18.000 millones de dólares contra Chevron en Ecuador el 2011, pago que posteriormente fue revisado a la baja hasta los 9.500 millones de dólares.
Al frente de este litigio ha estado siempre el presidente ecuatoriano, Rafael Correa, desde que llegará al cargo a principios de 2007. Para el mandatario ecuatoriano, Chevrón es la 'bestia negra', a la que acusa de haber causado en la Amazonía de Ecuador un daño muy superior a los desastres causados por British Petroleum y el del 'Exxon Valdez' en el Golfo de México (2010) y Alaska (1989), respectivamente.
En su batalla particular contra Chevron, que ya no tiene intereses en Ecuador, Correa ha llegado a invitar a la prensa internacional a que visite el país para que comprueben los daños ocasionados por la petrolera. "Usted puede ir a pozos, a lagunas donde solo estuvo (operando) Chevron, usted mete la mano y saca el petróleo", dice a quien le quiere oir.
DAÑOS EN COSECHAS Y EN LA SALUD
En la década de 1990, los habitantes del lago Agrio denunciaron a Texaco, adquirida por Chevron en 2001, por contaminar la selva y sus acuíferos con cientos de vertidos de desechos entre 1964 y 1992, provocando daños en cosechas y en la salud pública, incluidas muertes por cáncer, según los demandantes.
Chevron, por su parte, sostiene que los pozos donde se realizaron los vertidos de deshechos fueron limpiados y que sus actividades no son responsables de ninguno de los daños causados al medioambiente y a la salud pública.
La multinacional petrolera, que ya no tiene intereses en Ecuador, ha llevado a cabo una ardua tarea para evitar el pago al que fue condenada por un tribunal ecuatoriano. Así, en febrero de 2011, presentó una denuncia ante un tribunal federal de Nueva York contra los demandantes y sus abogados, argumentando que el veredicto se obtuvo mediante fraude.
Además, en marzo de 2012 trasladó el caso al Tribunal Permanente de Arbitraje (TPA), con sede en La Haya, que se declaró competente argumentando que Ecuador no respetó el tratado bilateral sobre protección de inversiones.