Fiscalía pide 150 años de cárcel, por lo que el tribunal ve un elevado riesgo de fuga si queda en libertad provisional
MADRID, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -
La Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha acordado prorrogar la prisión preventiva del excoronel y exviceministro de Seguridad Pública de El Salvador Inocente Orlando Montano, que está pendiente de juicio ante este tribunal acusado de los asesinatos en 1989 del jesuita vasco Ignacio Ellacuría y otros cuatro sacerdotes españoles de esta orden religiosa.
El auto de la Sala justifica la medida por los delitos por los que va a ser juzgado, cinco asesinatos de carácter terrorista por los que la Fiscalía pide 150 años de cárcel, "lo que supone una pena de extrema gravedad, debiéndose tomar medidas preventivas y aseguratorias del buen fin del proceso acorde con la misma".
Además, los magistrados entienden que existe riesgo de fuga si Montano queda en libertad. De hecho, recuerdan que ya fue necesario activar el mecanismo de cooperación internacional de la extradición para lograr la entrega desde Estados Unidos del excoronel a los tribunales españoles.
Y en este momento, con la fecha de juicio ya cercana, se incrementa, según explica el auto, "la tentación de arriesgarse a afrontar el desarraigo y la clandestinidad que supone ponerse fuera del alcance del aparato jurisdiccional".
NI LAZOS FAMILIARES NI TRABAJO ESTABLE
El tribunal también ha tenido en cuenta para tomar su decisión que el exviceministro salvadoreño no presenta "lazos familiares" ni de "trabajo estable" que pudieran justificar su arraigo en España.
La prórroga de la medida de prisión provisional, que es de otro máximo de dos años --los mismos que Montano lleva en la cárcel desde que fue entregado a España-- y se computará a partir del 30 de noviembre, fecha en la que el Juzgado Central de Instrucción número 6 acordó en 2017 el ingreso en prisión del detenido.
El 16 de noviembre de 1989, un grupo de militares salvadoreños ejecutaron a seis jesuitas y dos mujeres en la Universidad Centroamericana. Cinco sacerdotes eran españoles --Ignacio Ellacuría, Ignacio Martín Baró, Segundo Montes Mozo, Amando López Quintana y Juan Ramón Moreno Pardo, todos ellos de entre 47 y 59 años--, de ahí que el caso haya llegado a la Audiencia Nacional, ya que es competente para investigar crímenes terroristas contra españoles en el extranjero.
Montano ocupaba entonces el cargo de viceministro de Seguridad Pública de El Salvador en aquel momento y hacía campaña contra la orden religiosa acusándola de subversiva. Según el auto de procesamiento, la muerte de los jesuitas se produjo en un contexto de "intensa polarización" entre el Gobierno militar y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), en el cual los sacerdotes se erigieron como mediadores entre ambas partes para un "proceso de diálogo" y fueron acusados, en virtud de su afinidad con la teología de la liberación, de incitar a los campesinos a "una conspiración comunista internacional al servicio del Kremlin".
"Este odio --apunta la Fiscalía en su escrito de acusación-- se originó en la creencia de que los marxistas habían penetrado en la Iglesia. El papel de la Iglesia como mediadora para tratar de acabar con la sangrienta guerra civil les granjeó la enemistad de la extrema derecha".
LA TANDONA
La decisión de acabar con la vida de Ellacuría y el resto de jesuitas fue adoptada por un grupo de oficiales de élite denominado La Tandona, al que Montano pertenecía, y ejecutada por el coronel Guillermo Alfredo Benavides, que dio la orden a los miembros del batallón 'Atlacatl' y que también fue procesado.
Los crímenes de los jesuitas en la Universidad Centroamericana son unos de los más simbólicos del conflicto armado que enfrentó en El Salvador entre 1980 y 1992 a la exguerrilla izquierdista y ahora partido en el gobierno Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y el Ejército, con un saldo de 75.000 muertos y 8.000 desaparecidos.