Dice que la decisión "la ha tomando quien la tenía que tomar" y pide que no se sobredimensione este tema
MADRID, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -
El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha respaldado la decisión de que el Rey Felipe VI no acuda a la entrega de despachos a los nuevos jueces en la Escuela Judicial de Barcelona prevista para este viernes, apuntando a la "obligación" que tiene el Gobierno de proteger la monarquía, aunque ha rehusado aclarar quién la tomó.
"La decisión se ha tomado analizando todas las variables y la ha tomado quien la tenía que tomar", ha dicho Campo en una entrevista concedida este jueves a la cadena SER, sin precisar si fue obra del Gobierno.
Sobre las razones, el ministro ha aludido a "la ponderación de bienes", indicando que "hay que sacrificar algo en pro de algo más seguro". "Creo que en la mente de todos están toda una serie de circunstancias y variables que podrían cuestionar todas y, por tanto, creo que la mayor obligación que tiene el Gobierno es proteger las instituciones y, sin duda, la monarquía lo es", ha señalado.
Además, ha llamado a no "sobredimensionar cuestiones", argumentando que, aunque "es importante que el Rey entregue los despachos a los nuevos jueces", el compromiso de Felipe VI con la justicia es "fuerte". "No hay ruptura de nada", ha defendido.
"GUIRIGAY" POR SU ANUNCIO SOBRE LOS INDULTOS
En la misma línea, ha lamentado el "guirigay" que provocó el anuncio que realizó el miércoles durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso de que su Ministerio comenzará la próxima semana a tramitar las peticiones de indulto que se han presentado a favor de los condenados por el 'Procés'.
Campo se ha mostrado especialmente molesto con el presidente del PP, Pablo Casado, confesando que al escuchar su reacción --el líder 'popular' dijo que recurriría la medida de gracia al Tribunal Supremo-- tuvo ganas de "descolgar el teléfono" para decirle: "¿Me puedes decir qué puedo hacer?, ¿quieres que me meta en una prevaricación?".
Así, ha incidido en que el Ministerio de Justicia tiene "la obligación legal de tramitar cualquier indulto, sea de quien sea", por lo que no atender las peticiones presentadas a favor de los sentenciados por el referéndum independentista del 1-O "sí que sería censurable".
Interrogado directamente sobre si el eventual perdón a los condenados por el 'Procés' está vinculado a las negociaciones entre el Gobierno y ERC para aprobar los Presupuestos Generales del Estado (PGE), Campo ha asegurado que no e incluso ha subrayado que los independentistas catalanes no sabían que los trámites empezarían la próxima semana.
"Condicionar eso a una negociación de estos días, sinceramente, la imaginación da para mucho", ha contestado, aunque a renglón seguido ha declarado que le parecería "estupendo" que la cuestión de los indultos pudiera ayudar a resolver un "conflicto político" como "efecto transversal".
En cualquier caso, ha explicado que la tramitación de indultos lleva entre cuatro y diez meses en condiciones normales, cuando se reciben unas 2.000 solicitudes, si bien ha advertido de que ahora hay un "gran atasco" en el Ministerio por la pandemia, los meses de Gobierno en funciones y la cantidad de peticiones recibidas esta vez, unas 4.000.
NO HABRÁ REFORMA PENAL "A CORTO PLAZO"
Por otro lado, Campo se ha referido a la reforma de los delitos de sedición y rebelión para reiterar que "a corto plazo no vamos a tener una modificación del Código Penal" y ha apostillado que los tiempos vendrán marcados por "los plazos razonables" establecidos por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, no por el horizonte electoral en Cataluña.
El ministro ha revelado que él mismo, juez de lo penal, se está encargando de elaborar el primer borrador de la reforma del Código Penal y ha negado que se haya acordado ya una rebaja en las penas de dichos delitos.
Campo ha vuelto a insistir en que se trata de una reforma necesaria para adaptar el Código Penal español porque "la realidad ha cambiado" y esos artículos no se han revisado en "200 años". "La doctrina penal es unánime en que esto hay que modificarlo", ha sentenciado.
Asimismo, ha repetido que no pretende sustraer "a nadie" del debate sobre la reforma penal, esgrimiendo que si lo hubiera querido se habría tramitado "por la vía rápida mediante una proposición del grupo parlamentario" y ha optado por hacerlo mediante un proceso que conlleva la elaboración de varios informes y un debate parlamentario.
POLÉMICA EN LA FISCALÍA
También ha comentado la polémica suscitada en la Fiscalía a raíz de las declaraciones realizadas por el teniente fiscal del Tribunal Supremo, Luis Navajas, que denunció presiones de compañeros "contaminados ideológicamente", entre los que mencionó a la ex fiscal general del Estado Consuelo Madrigal, para intentar influir en su informe sobre las querellas y denuncias presentadas contra el Gobierno por la gestión de la pandemia.
"Claro que me preocupa, como ministro de Justicia, ciudadano y juez. No es bueno", ha dicho sobre las "fuertes" tensiones en el seno del Ministerio Público. Para Campo, el problema no es que "haya personas que se lleven mejor o peor", sino que esas fricciones se verbalicen llegando a poner en duda la unidad de acción de la Fiscalía.
Pese a ello, ha enfatizado que no es competencia del Ministerio de Justicia, recordando en este sentido que hay "mecanismos de ámbito disciplinario para aclarar las cosas". La Inspección Fiscal ya ha abierto una investigación sobre las supuestas presiones ejercidas por Madrigal sobre Navajas.
Asimismo, el ministro ha aludido a la situación de interinidad del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y ha instado una vez más al PP a "reconsiderar su absurda decisión de no renovar los órganos constitucionales". "No se puede ser constitucionalistas a tiempo parcial", ha remachado.