La Fiscalía archivó una denuncia de Vox sobre un incidente en Bolivia y la financiación de Podemos alegando que ya estaba en esta causa
MADRID, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -
Vox ha solicitado personarse como acusación popular en el caso que investiga la juez de la Audiencia Nacional María Tardón sobre el supuesto saqueo a la petrolera estatal de Venezuela, PDVSA, y el posterior blanqueo de esos fondos, que habrían aflorado en parte en España.
En esta causa se investiga a más de una veintena de ex altos cargos 'chavistas' y empresarios venezolanos por integrar supuestamente una organización criminal para saquear PDVSA, otrora la principal fuente de ingresos de la nación caribeña, y otras empresas públicas y lavar ese dinero.
El caso comenzó en el Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid, pero la titular del Juzgado de Instrucción Número 3 de la Audiencia Nacional asumió la causa por tratarse de delitos de organización criminal para la comisión de actos de corrupción y defraudación realizados en Venezuela y en otros países cuyos beneficios estarían aflorando en España, donde además residen algunos de los imputados.
"Los beneficios ilícitos obtenidos por la organización criminal con la comisión de los delitos precedentes de defraudación, falsificación, información privilegiada y corrupción fueron, al menos en parte, blanqueados en España mediante la adquisición de bienes inmuebles y la creación de sociedades patrimoniales", expuso Tardón en el auto por el que asumió la causa.
INCIDENTE EN BOLIVIA
Vox presentó una denuncia sobre el incidente ocurrido el 27 de diciembre de 2019 en la Embajada mexicana en Bolivia, en el marco de las tensiones políticas en el país por las irregularidades detectadas en las elecciones presidenciales del 20 de ocubre de ese año, que propiciaron la dimisión de Evo Morales y graves enfrentamientos en las calles que se saldaron con más de 30 muertos.
La encargada de negocios de la Embajada de España, Cristina Borreguero, y el cónsul español Álvaro Fernández acudieron a la Embajada mexicana, donde estaban asilados una decena de miembros del Movimiento Al Socialismo (MAS) de Morales, incluidos varios ex ministros con órdenes de captura, en lo que posteriormente aclararon que fue una "visita de cortesía".
Cuando los cuatro efectivos del Grupo Especial de Operaciones (GEO) de la Policía Nacional que acompañaban a los diplomáticos españoles intentaron entrar en la Embajada mexicana, las fuerzas de seguridad bolivianas se lo impidieron. Entonces, varias personas atacaron los vehículos de los agentes españoles mientras otras grababan el incidente, por lo que éstos se cubrieron el rostro.
La ministra de Exteriores de Bolivia, Karen Longaric, cuestionó el motivo de la visita de los diplomáticos españoles a la Embajada mexicana, deslizando que habrían acudido para sacar del país a algunos de los asilados. En respuesta a unas preguntas parlamentarias del PP, el Gobierno reconoció el pasado mes de febrero que México pidió ayuda por el "elevado número de asilados" en su Embajada y que España "albergó temporalmente" a un "reducido número" y escoltó a algunas al aeropuerto pero a ninguna con orden de captura.
DENUNCIA ARCHIVADA
Vox presentó una denuncia por estos hechos ante la Fiscalía Anticorrupción y la amplió días después con supuestos indicios de que "Podemos se habría financiado gracias a contratos con el Gobierno de Morales a través de la consultora Neurona Consulting", según ha recordado el partido en un comunicado.
Sin embargo, el pasado mes de marzo el Ministerio Público archivó la denuncia argumentando que los hechos ya estaban siendo investigados por el Juzgado de Instrucción Número 3 en la causa sobre PDVSA.
"Es por ello que ahora Vox ha solicitado a dicho juzgado la personación como acusación popular, 'en aras a la protección del bien jurídico protegido por los delitos que en la denuncia de la Fiscalía se indican, y que posibilitan la idoneidad de su personación a la luz del artículo 21 de la Constitución Española'", ha informado.