WASHINGTON, 11 Jul. (Reuters/EP) -
Fiscales estadounidenses se han negado a llevar a cabo investigaciones criminales en torno a la acalorada disputa entre los investigadores del Senado y de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) por un presunto caso de espionaje durante la elaboración de un informe sobre los documentos relacionados con las técnicas de tortura utilizadas durante los interrogatorios a presuntos terroristas durante el mandato de George W. Bush.
La petición de mediación al Departamento de Justicia fue emitida por la CIA, después de las quejas de miembros del Congreso, que acusan a oficiales de la agencia de acceder indebidamente a su trabajo, un hecho que habría obligado a abrir una investigación por parte del organismo de control interno de la Agencia de Inteligencia --autorizado por el inspector general de la CIA, David B. Buckley--.
De la misma forma, pidió que también se estudien las denuncias contra los investigadores del Senado, que podrían haber accedido de forma inapropiada a documentos que la CIA considera como "ultra sensibles". Personal de la Agencia insiste en que se trataría de documentos confidenciales, internos y privilegiados a los que los funcionarios del Senado no deberían haber tenido acceso.
"El departamento revisó detenidamente los asuntos referidos a nosotros y no halló pruebas suficientes para justificar una investigación penal", ha afirmado este jueves el portavoz del Departamento de Justicia, Peter Carr, a través de un comunicado, con el que da carpetazo a estas acusaciones.
EL CONTROVERTIDO INFORME
El citado informe, que está compuesto por cerca de 6.300 páginas y sigue siendo altamente clasificado, concluye que hay muy pocas evidencias de que las llamadas las llamadas "técnicas mejoradas de interrogatorio" --autorizadas en 2002 y aplicadas en las cárceles de Guantánamo y Abu Ghraib-- ayudaran a conseguir avances en la lucha antiterrorista.
De hecho, en el texto se acusa a la CIA de ocultar detalles acerca de la gravedad de sus métodos, exagerar la importancia de la información aportada por los presos y asegurar --falsamente-- que los detenidos se habían rendido antes de que fueran sometidos a duras torturas. Unos hechos que habrían tenido lugar durante el mandato de George W. Bush.
Por ello, el informe acusa a funcionarios de la Agencia de pedir permiso para usar --y más tarde tratar de defender-- "métodos de interrogatorio insoportables que arrojaron poca, o ninguna, información de utilidad, de acuerdo con los datos aportados al citado periódico por funcionarios estadounidenses que han revisado el documento.
La CIA ha justificado este programa en varias ocasiones, ante el Departamento de Justicia y ante el Congreso de los Estados Unidos, como una manera de conseguir una serie de informaciones que, de otra forma, serían "inalcanzables" y gracias a ello "desbaratar complots terroristas y salvar miles de vidas". "¿Era eso realmente cierto? La respuesta es no", afirma uno de los funcionarios que participan en la elaboración de este controvertido informe.
Los funcionarios y exfuncionarios estadounidenses que han tenido acceso al informe han hablado bajo la condición de anonimato y aseguran que el texto describe nuevas revelaciones condenatorias sobre una extensa red de centros de detención secretos, o "agujeros negros", que fueron desmantelado por el presidente Barack Obama en 2009.