NUEVA YORK, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -
Una investigación del grupo pro Derechos Humanos Human Rights Watch (HRW) denuncia que las fuerzas antiterroristas estadounidenses han puesto en marcha operaciones encubiertas dentro de su propio país en las que han animado y puesto los medios materiales para que musulmanes respetuosos con la ley planificaran atentados terroristas y lograr así su procesamiento judicial.
"En muchos casos se ha perseguido a personas que planificaron o financiaron intentos de atentado terrorista, pero en muchos otros el objetivo eran personas que no parecían estar participando en actividades terroristas cuando comenzaron a investigarlas", señala HRW en las conclusiones del estudio, elaborado en colaboración con el Instituto de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Columbia.
El resultado es que "en algunos casos, el FBI ha creado terroristas a partir de individuos respetuosos con la ley" sugiriéndoles la idea de perpetrar atentados o animándoles a actuar.
El objetivo de estas operaciones antiterroristas eran frecuentemente individuos investigados inicialmente por sus creencias religiosas o su origen étnico. "El Gobierno de Estados Unidos debería de dejar de tratar a los musulmanes norteamericanos como terroristas en potencia", ha declarado la subdirectora de HRW en Washington, Andrea Prasow, una de las autoras del informe.
Una vez seleccionado el sospechoso, se ponían en marcha "operaciones encubiertas muy agresivas", según el informe: en casi la mitad de las sentencias condenatorias por terrorismo emitidas desde el 11 de septiembre de 2001 había informantes y en casi el 30 por ciento había operaciones encubiertas en las que el infiltrado desempeñaba un papel activo en la trama terrorista.
"Se les ha dicho a los estadounidenses que su gobierno les mantiene a salvo evitando y persiguiendo el terrorismo dentro de Estados Unidos, pero si observas un poco más de cerca os daréis cuenta de que muchas de estas personas nunca habrían sido capaces de cometer un crimen si no es porque se les ha alentado y presionado o incluso pagado desde los cuerpos de seguridad para que cometiesen estos actos terroristas", ha señalado Prasow.
INVESTIGAN A DISCAPACITADOS
El informe refleja varios casos en los que los sospechosos investigados formaban parte de colectivos vulnerables por su condición socioeconómica e incluso personas con problemas mentales susceptibles de ser manipulados por los infiltrados.
"El listón para el delito de inducción al crimen está tan alto en las leyes estadounidenses que es casi imposible que un acusado de terrorismo lo pueda demostrar", ha indicado Prasow. "Si a eso añadimos que las fuerzas de seguridad acosan a los más vulnerables, como personas con discapacidades mentales o intelectuales, y a los más pobres, ya tienes la receta para violaciones de los Derechos Humanos", ha argumentado.
En ese sentido, el grupo recuerda el caso de Rezwan Ferdaus, quien se declaró culpable del delito de intento de atentado con bomba contra un edificio federal y fue condenado a 17 años de prisión a pesar de que un agente del FBI reconoció al propio padre del acusado que era "evidente" que tenía problemas de salud mental.
El FBI envió a un infiltrado a la mezquita que frecuentaba Ferdaus y entre ambos diseñaron un plan para atentar contra el Pentágono y el Capitolio. El FBI proporcionó armamento falso y pagó los viajes de Ferdaus, pero a medida que se concretaba el plan la salud mental y física del hombre se fue deteriorando hasta el punto de que sufrió depresión y convulsiones y su padre tuvo que dejar su empleo para cuidar de él.
En otros casos, las autoridades han abusado del delito de "apoyo material" y los tribunales han aceptado tácticas fiscales que violan el derecho al debido proceso como la aceptación de pruebas obtenidas bajo coacción o de pruebas clasificadas como secreto y contra las que no se puede argumentar, indica el informe.
Así, recuerda el caso de Ahmed Omar Abú Alí, un ciudadano estadounidense que firmó una confesión estando bajo custodia en Arabia Saudí tras ser azotado y amenazado con amputaciones, según él, y que posteriormente fue aceptada como prueba por un tribunal de Virginia que le condenó por conspiración, apoyo material a terroristas y conspiración para asesinar al presidente de Estados Unidos.
Además, HRW denuncia las "duras y en ocasiones abusivas" condiciones de confinamiento de los sospechosos o convictos, "a menudo excesivas en relación con el riesgo para la seguridad". En concreto, se refiere a incomunicaciones prolongadas durante la detención preventiva que podrían condicionar la capacidad de defensa de los acusados y a importantes restricciones tras sus condenas como la imposibilidad de ver a familiares sin que haya explicación alguna ni opción de recurso.
COMUNIDADES MUSULMANAS
Para HRW, estos abusos tienen un impacto negativo en las comunidades musulmanas de Estados Unidos. "La táctica de buscar a los sospechosos de terrorismo antes incluso de que éstos demuestren intención alguna de emplear la violencia han perjudicado los intentos de construir relaciones con líderes comunitarios musulmanes que podrían ser fuentes de información muy valiosas para evitar atentados terroristas", explica el grupo.
El informe sostiene que estas prácticas han desanimado la cooperación con las fuerzas de seguridad, ya que los musulmanes consideran que deben "vigilar lo que dicen, a quién y cómo o la frecuencia con la que acuden a los servicios religiosos".
"Lejos de proteger a los estadounidenses, incluidos los musulmanes, de la amenaza del terrorismo, las prácticas documentadas en este informe impiden a las fuerzas de seguridad centrarse en las amenazas reales", apunta Prasow.
El estudio, titulado 'Ilusión de justicia: Abusos de Derechos Humanos en investigaciones terroristas en Estados Unidos', ha estudiado 27 casos con acusaciones de terrorismo en tribunales federales desde el inicio de la investigación hasta el fallo judicial e incluso más allá, examinando las condiciones de internamiento de los reclusos ya condenados. Los investigadores han entrevistado a 215 personas, incluidos imputados y condenados por terrorismo, sus familiares y conocidos, así como abogados, fiscales, jueces, funcionarios, académicos y otros expertos.