El Tribunal Supremo de Estados Unidos EEUU, protestas por la pena de muerte y la
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WASHINGTON, 14 May. (Notimérica/EP) -

   Un tribunal federal de apelaciones ha suspendido la ejecución del preso Robert James Campbell, programada para este martes en Texas, con el fin de que los abogados puedan demostrar que el acusado tiene un retraso mental y, por ello, no cumple los requisitos para ser castigado con la pena capital.

   Texas planeaba ejecutar a Campbell, de 41 años este martes, inyectándole una dosis letal de pentobarbital, un sedante empleado en estos casos. Sin embargo, a última hora el tribunal ha defendido que, en función de las pruebas presentadas por los letrados, se debe dar esa "oportunidad".

   Campbell fue acusado junto con otro detenido de secuestrar a Alexandra Rendon de la gasolinera de Houston en 1991. La pareja condujo a la chica a una zona desierta, la violó y luego la pidieron que corriera. Posteriormente, el acusado la disparó por la espalda y la dejó morir, huyendo en el coche de la víctima.

   "Estoy feliz", ha afirmado Campbell tras conocer la decisión, según un portavoz del sistema de prisiones de Texas. Asimismo, los familiares se han mostrado "aliviados". "Dios es bueno, Dios es bueno", gritaba la hermana del preso, según informa el diario estadounidense 'The Washington Post'.

   Por su parte, la familia de la joven asesinada se encuentra "física y emocionalmente abatida", de acuerdo con las palabras de Israel Santana, primo de Rendon y activista a favor de la pena de muerte, que ya había asegurado horas antes de que ese hombre merecía lo que le iba a pasar. "Las palabras no pueden describir la brutalidad de este crimen", dijo.

   Esta reacción contrasta con la de los opositores a la pena de muerte, que aplaudieron esta medida, al detener la que habría sido la octava ejecución en Texas y la número 21 en todo el país en lo que va del año.

   El Tribunal Supremo dictaminó en 2002 que la ejecución de personas con retraso mental viola la prohibición constitucional contra el castigo cruel.

DEBATE EN TORNO A LA INYECCIÓN LETAL

   El pasado 29 de abril, el estado de Oklahoma detuvo la ejecución del asesino convicto Clayton Lockett debido a que los oficiales de la prisión aseguraron tener dudas sobre si el cóctel letal estaba siendo administrado correctamente.

   Lockett murió de un ataque cardíaco, en una camilla de la prisión, a los 43 minutos de que comenzara el procedimiento, después de padecer dolores visibles. La suya fue la primera ejecución en la que el estado empleaba una nueva mezcla de tres drogas letales.

   El director ejecutivo del Centro de Información de la Pena de Muerte, Richard Dieter, ha reconocido que lo que está sucediendo es nuevo, pues el público "no se había involucrado tan estrechamente con la inyección letal hasta el problema de Oklahoma".

   La Casa Blanca ha explicado que la ejecución en Oklahoma falló al no cumplir con los estándares humanitarios y el presidente, Barack Obama, ha declarado que va a pedir al fiscal general que aclare las dudas que el suceso le ha despertado.

COMPUESTOS DUDOSOS

   Oklahoma, Texas y otros estados han estado buscando nuevos proveedores y combinaciones químicas después de que los fabricantes de drogas, sobre todo el Europa, prohibieran la venta de sus productos al negarse a que fueran usados en las inyecciones letales.

   Los estados han vuelto a emplear los compuestos poco regulados de las farmacias, cuyos químicos pueden mezclar para el suministro de medicamentos, manteniendo el nombre de los proveedores en secreto.

   Los abogados de los presos condenados a pena de muerte han alegado que puede haber problemas con la pureza y la potencia de los químicos que proceden de esos compuestos de farmacia, aumentando las dudas sobre si deberían ser usados para fabricar las inyecciones legales. Por ello, un abogado de Campbell dijo que era el momento de que los estados proveyeran información sobre quién hace y les abastece de estas drogas.

   "Los presos condenados a pena de muerte no pueden confiar en la seguridad hasta que no se completen las investigaciones a fin de que los tribunales puedan revisar por completo las drogas de inyección letal que se emplean y pueda asegurar que son seguras y legales" declaró uno de los abogados de Campbell.

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