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MADRID, 14 May. (Notimérica/EP) -
El Congreso de Guatemala ha aprobado este miércoles uno de los puntos resolutivos, el 3-2014, del plan de Reconciliación Nacional, por el cual se niega la existencia de genocidio en los años 80 durante el conflicto interno que tuvo lugar en el país entre 1960 y 1996, pues de otra manera se podría poner en riesgo "la consolidación de la paz y la armonía entre los ciudadanos" que estipulan las normas legales emitidas en los Acuerdos de Paz de 1996.
El polémico punto de la norma también presiona al Poder Judicial para que imparta Justicia "con imparcialidad", pero evitando siempre "las influencias sectoriales", pues podría peligrar la paz. Según la legislación, los elementos que conforman las acusaciones penales que señalan la posibilidad de un genocidio en el país son " jurídicamente inviables".
La resolución, apoyada por 87 de los 111 diputados presentes en la sesión, fue propuesta por Luis Fernando Pérez y Pedro Gálvez, del Partido Republicano Institucional (PRI), fuerza política fundada por el ex dictador Efraín Ríos Montt (1982-1983), quien se enfrenta a un nuevo proceso judicial, después de que en 2010 la Corte Constitucional declarase ilegal una sentencia de 80 años de cárcel por genocidio.
LA DERECHA PIDE "OLVIDAR EL PASADO"
La negación del genocidio guatemalteco, en el cual se cometieron crímenes de manera sistemática contra el pueblo maya ixil, contó con el visto bueno de los diputados del Partido Patriota, los de Todos y los de Libertad Democrática Renovada (Líder). Ante las lógicas protestas de los bloques de izquierda, la derecha y los conservadores guatemaltecos apelaban a la necesidad de "olvidar el pasado".
El diputado del PRI Luis Pérez tildó todas estas quejas de "discursos trasnochados de la izquierda", pese a que más de las 200.000 muertes y desapariciones forzosas han sido registradas por distintos organismos internacionales, como Naciones Unidas, que denunció la insultante impunidad que supuso la amnistía de 1996, pues el 98 por ciento de los actos de terrorismo de Estado no fueron castigados.
"Ellos no han logrado superar el pasado, y por eso les digo que tienen una actitud revanchista. No entienden que hay que tirar un puente de reconciliación, pues se han dejado influenciar por algunos funcionarios de organizaciones internacionales", ha manifestado Pérez, tal y como ha reflejado el diario guatemalteco 'Prensa Libre'.
En cuanto al proceso judicial al que deberá hace frente de nuevo el fundador de su partido, Pérez ha añadido que el juicio por las masacres cometidas por el Ejército a la comunidades indígenas "ha abierto de nuevo heridas, polarización y confrontación" en la sociedad guatemalteca.
RECHAZO TOTAL DE LA OPOSICIÓN
Después de que se produjera la votación, el Congreso fue escenario de réplicas entre un bando y otro. Si el Gobierno y sus grupos afines acusaban a la oposición de buscar una supuesta revancha, el diputado de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) Walter Félix defendió que con la aprobación de esta medida se estaba "dando la espalda a las víctimas del genocidio".
Por su parte, el representante de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) Orlando Blanco, no solo ha criticado el olvido judicial e institucional al que se quiere condenar a los actos de terrorismo de Estado cometidos durante al conflicto interno guatemalteco, sino que, además, ha cuestionado la legalidad de dicha resolución, ya que estaría cometiendo "una clara violación en la independencia de poderes".
"Con el contenido hay una clara violación a la independencia de poderes de los diferentes organismos del Estado y se nos quiere imponer una visión de una lectura de la historia que algunos diputados no compartimos", ha explicado Blanco.
EL GENOCIDIO GUATEMALTECO
El genocidio guatemalteco se produjo dentro del conflicto interno que vivió el país entre 1960 y 1996, siendo el periodo entre 1979 y 1985 el periodo más cruento y en el que se cometieron unos 200.000 crímenes, entre asesinatos y desapariciones forzadas, en especial dentro de la comunidad indígena, a la que se mermó con motivo de las políticas de represión y persecución del terrorismo impuestas por los gobiernos militares que 'de facto' tiranizaron el país.
La ONU ha señalado en pasados informes que el 90 por ciento de los asesinatos fueron perpetrados por el Ejército, al que se utilizó contra la población civil de manera despiadada; mientas que la totalidad de las desapariciones corrieron a cargo del Estado, apoyado por el resto de dictaduras de Latinoamérica, como Chile o Argentina, así como por otros gobiernos, como los de Estados Unidos o Israel.