Actualizado 13/01/2014 08:58

Apelan la decisión de dejar sin efecto el juicio contra Ríos Montt

 Efrain Ríos Montt
REUTERS


CIUDAD DE GUATEMALA, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

Abogados de la Asociación para la Reconciliación y Justicia (AJR) y del Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH) han interpuesto este domingo un recurso de apelación ante la Corte de Constitucionalidad (cc) guatemalteca contra la decisión de dejar sin efecto el juicio contra el exdictador Efraín Rios Montt, acusado de genocidio.

"Planteamos nuestro respectivo recurso de apelación en la CC contra la sentencia emitida por la Sala Primera de Apelaciones", ha dicho el abogado Héctor Reyes, miembro del CALDH, según ha informado el diario guatemalteco 'Prensa Latina'.

El recurso ha presentado apenas un día después de que la Sala Primera de apelaciones de Guatemala confirmara el fallo del Juzgado A de Mayor Riesgo del país, presidido por la jueza Carol Patricia Flores, que anula las acciones realizadas a partir del 23 de noviembre de 2011 en el proceso contra Rios Montt, y, por ello, deja sin efecto el juicio programado para 2015.

Según confirmó el abogado defensor, Moisés Galindo, en unas declaraciones recogidas por el 'Diario de Centroamérica', con la resolución de la Sala queda sin efecto el juicio programado para del 5 de enero de 2015, pues esta instancia rechazo el recurso de amparo interpuesto por el Ministerio Público y el CALDH.

El 10 de mayo de 2013, Ríos Montt fue condenado a 80 años de prisión por genocidio y delitos contra deberes de la humanidad, mientras que el exjefe de Inteligencia Militar, Mauricio Rodríguez Sánchez, resultó absuelto. Sin embargo, la condena fue anulada diez días después por la CC, al considerar que se había violado el derecho de defensa de Ríos Montt.

La CC ordenó que empezara el juicio desde la mitad, y el Tribunal de Mayor Riesgo A se inhibió porque ya había emitido opinión, por lo que el proceso se trasladó al Tribunal B.

Para el Ministerio Público los militares son responsables de planificar y ordenar la muerte de 1.771 indígenas, 1.400 violaciones sexuales y del desplazamiento forzoso de por lo menos 29.000 personas durante el 23 de marzo de 1982 al 8 de agosto de 1983.