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Insta al nuevo presidente a "superar el fracaso de sus antecesores"
MADRID, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -
Human Rights Watch (HRW) ha denunciado la impunidad de los crímenes cometidos en el Bajo Aguán, en el noreste de Honduras, vinculados a los conflictos por la tierra, en algunos casos incluso por parte de las fuerzas de seguridad, y ha instado al Gobierno de Juan Orlando Hernández a "superar el fracaso de sus antecesores".
"Las autoridades hondureñas no han investigado adecuadamente la ola de homicidios y otros abusos presuntamente vinculados a los conflictos por la tierra en la región del Bajo Aguán", ha dicho en un informe de 78 páginas divulgado este miércoles.
El director de HRW para las Américas, José Miguel Vivanco, ha considerado que "incluso tratándose de un país con alarmantes niveles de violencia e impunidad, la situación en el Bajo Aguán es particularmente grave".
"La ausencia de las medidas más básicas para llevar a los responsables de estos crímenes ante la Justicia ha perpetuado un clima de impunidad que estimula nuevos delitos e incrementa la desconfianza en las autoridades hondureñas", ha afirmado.
La ONG estadounidense ha analizado 29 homicidios y dos privaciones ilegales de la libertad ocurridos en el Bajo Aguán desde 2009, así como violaciones de los Derechos Humanos, cometidos en muchos casos por soldados y policías.
La organización humanitaria ha denunciado que "policías y fiscales ignoraron sistemáticamente medidas de investigación oportunas y exhaustivas que permitieran esclarecer estos delitos", omisión que incluso ha sido reconocida ante los medios de comunicación.
Ello ha provocado que "en ninguno de los 29 homicidios se haya dictado condena". "Solamente un caso llegó a juicio: el asesinato de cinco campesinos en 2010, pero en 2013 se dictó el sobreseimiento provisional porque la Justicia no encontró elementos suficientes para seguir adelante con la causa", ha precisado.
La mayoría de las víctimas son campesinos. "La región del Bajo Aguán ha sido escenario de prolongados y violentos conflictos por la tierra, muchos de ellos surgidos tras la reforma de la Ley Agraria, en 1992", ha explicado HRW.
"Grandes extensiones de territorio en la región han sido disputadas entre organizaciones campesinas y empresas agroindustriales, que se dedican en su mayoría al cultivo de palma africana para la producción de aceite", ha añadido.
En cuanto a los responsables de estos crímenes, "la evidencia sugiere que soldados y policías cometieron violaciones de los Derechos Humanos", como torturas y detenciones arbitrarias, a pesar de lo cual "los investigadores no dieron los pasos básicos para determinar si se habían producido abusos".
A este respecto, ha denunciado que "los fiscales no se constituyeron en el lugar de los hechos ni entrevistaron a los testigos y presuntos responsables". Además, "las autoridades hondureñas postergaron la búsqueda de personas que, según indica la evidencia, fueron llevadas contra su voluntad, aun cuando había indicios sobre dónde podrían ser encontradas".
Asimismo, "en 13 de los 29 casos de homicidios y privación ilegal de la libertad las evidencias apuntaban a la posible intervención de guardias de seguridad privada, que están obligados a respetar los derechos de los ciudadanos".
"Las investigaciones de casos en que las víctimas indicaron que había guardias privados involucrados han estado marcadas por reiterados errores y omisiones, como situaciones en las que los fiscales no exigieron los registros laborales donde consta qué guardias estaban trabajando cuando se cometió el delito", ha dicho.
Por ello, la Oficina del Ombudsman (CAO) de la Corporación Financiera Internacional (IFC), organismo de préstamo al sector privado del Banco Mundial, abrió una investigación contra la Corporación Dinant, para la que trabajaban estos guardias privados.
El informe del CAO "identificó graves problemas en el modo en que el personal de la IFC había manejado la situación, apuntando que subestimó los riesgos relativos a la seguridad y los conflictos por tierras, y no actuó con la debida diligencia".
GOBIERNO DE LOBO
La ONG estadounidense ha reconocido que durante el Gobierno de Porfirio Lobo (2010-2014) "se adoptaron medidas tendentes a mitigar los conflictos por tierras en el Bajo Aguán a través de la mediación y la compra de tierras".
"Pero la estrategia de su Gobierno para abordar la violencia en la región consistió en incrementar la presencia de fuerzas de seguridad y atribuir su origen a grupos delictivos, lo que no contribuyó a reducir los delitos ni a mejorar la rendición de cuentas", ha sostenido.
También ha criticado que el Ejecutivo de Lobo "no adoptó medidas preventivas para proteger a las personas que se encontraban en riesgo a causa de los conflictos por tierras en el Bajo Aguán, incluso en casos en los que las evidencias sugerían de manera persuasiva que era probable que se produjeran hechos de violencia".
"En al menos dos ocasiones desde 2010 fueron asesinadas personas que previamente habían sido beneficiadas con 'medidas cautelares' por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y que, por tanto, exigían al Gobierno hondureño brindarles protección inmediata", ha detallado.
"En otras instancias de amenazas creíbles a comunidades o personas, los funcionarios no han investigado los hechos ni han ofrecido medidas de protección efectivas", ha añadido la organización humanitaria.
Además, ha denunciado que, "reiteradamente en 2013, militares en la región agravaron el riesgo al cual estaban expuestos ciertos activistas que trabajan en el Bajo Aguán al hacer declaraciones difamatorias y cuestionar la credibilidad de su trabajo".
"El nuevo Gobierno tiene la oportunidad de superar el fracaso de sus antecesores y, de una vez por todas, sancionar los asesinatos y abusos en el Bajo Aguán", ha dicho Vivanco, advirtiendo de que, de lo contrario, "el gravísimo ciclo de violencia continuará".
RECOMENDACIONES
En este contexto, HRW ha recomendado al Gobierno de Hernández que cree "una unidad especial con un mandato de varios años que inicie investigaciones oportunas, exhaustivas e imparciales de los homicidios, privaciones ilegales de la libertad y otros delitos graves ocurridos en el Bajo Aguán en los cuales las evidencias sugieran que existe una conexión con el conflicto por la tierra".
Asimismo, le ha instado a "fortalecer los mecanismos y la legislación conexa para ofrecer protección oportuna y efectiva a personas o grupos en riesgo de sufrir violencia en el marco del conflicto por la tierra".
Finalmente, le ha pedido que se asegure de que "todas las empresas de seguridad privada se inscriban ante el Gobierno y de que las listas de personal empleado y armas de fuego en poder de tales empresas estén actualizadas, de conformidad con las leyes nacionales".