Actualizado 13/12/2007 05:51

México.- La Cámara de Diputados mexicana aprueba una reforma judicial que permite registros sin autorización judicial

CIUDAD DE MÉXICO, 13 Dic. (EP/AP) -

La Cámara de Diputados mexicana aprobó hoy una reforma judicial que incorpora los juicios orales públicos y permite que la Policía realice registros en domicilios sin orden de un juez, y queda pendiente de su aprobación por parte del Senado.

Con 366 votos a favor, 53 en contra y ocho abstenciones, los diputados aprobaron la reforma penal defendida por algunos legisladores como una de las más importantes enmiendas recientes en materia penal pero criticada por ser considerada "regresiva" y hasta violatoria a los Derechos Humanos.

Aun así, los diputados decidieron a última hora imponer restricciones a los allanamientos domiciliarios sin orden judicial. Los cambios consideran los elementos solicitados por expertos desde hace años como son los juicios orales, aunque también hay algunos que alarman a muchos, como la posibilidad de que la Policía registre domicilios sin orden judicial, la grabación de comunicaciones telefónicas entre particulares y el acceso a la información reservada en casos de delincuencia organizada.

FUENTES DE CONTROVERSIA

"Esta reforma tiene dos vertientes, una vertiente claramente autoritaria, regresiva, violatoria de los Derechos Humanos; y otra vertiente digamos que va en la línea correcta de los juicios orales que es una experiencia que en otros países ha funcionado muy bien", aseguró Miguel Carbonell, constitucionalista e investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México.

La iniciativa propone incorporar los juicios orales públicos en sustitución de los procesos que actualmente se realizan a puerta cerrada y que para unos propician la corrupción y las arbitrariedades. Los juicios orales han sido considerados como el eje de la reforma y todos los sectores los elogian, al menos parcialmente.

La Policía deberá entregar de inmediato ante un juez los elementos que consideren como necesarios para hacer peligrar la vida o la integridad de las personas o para cometer algún delito de manera flagrante, encontrados durante los registros no autorizados, indicó el presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, el legislador priísta César Camacho.

GRABACIONES

También el que los civiles puedan grabar conversaciones "cuando sean aportadas (como evidencias) de forma voluntaria por alguno de los particulares que participen en ellas" es una fuente de controversia. Para Carbonell, "se borra de facto de la Constitución el derecho a la secrecía (confidencialidad) de las comunicaciones privadas" un derecho reconocido en los tratados internacionales.

"Me parece lamentable que (los legisladores) se estén apoyando en una etiqueta o en un concepto legítimo, en algo que hemos exigido desde la sociedad, para justificar esta enorme regresión en materia de Derechos Humanos", aseguró el investigador, aunque consideró que de retirarse esos elementos quedaría "una gran iniciativa".

Para el profesor y especialista en derecho penal del Instituto Tecnológico Autónomo de México, Renato Sales, los problemas en la iniciativa están relacionados en que los policías, peritos y agentes de los ministerios públicos pueden ser expulsar de sus cargos por incumplir las leyes vigentes sin posibilidad de ser reincorporados.

Sales consideró que, por ejemplo, si el agente de un ministerio público ordena a un policía un allanamiento sin orden judicial --como permite la iniciativa--, el agente lo haría aunque no se cumplan los supuestos de la reforma por temor a ser despedido sin posibilidad de volver a trabajar en corporaciones policiales. "Difícilmente se va a oponer si es ilegal, porque está el riesgo de que lo corran (expulsen)", explicó.