CIUDAD DE MÉXICO, 14 Dic. (EP/AP) -
El Gobierno mexicano defendió hoy una propuesta de reforma judicial, que actualmente se encuentra a debate en el Congreso, que muchos expertos y opositores consideran que contiene elementos de un sistema autoritario y violatorios a los Derechos Humanos.
La Cámara de Diputados aprobó ayer las modificaciones de la Constitución en materia judicial como la elogiada inclusión de juicios orales, pero también incluyó otras muy criticadas, como la posibilidad de registro a domicilios sin orden de un juez, la revisión de la información privada sin autorización judicial y el uso de grabaciones telefónicas privadas como evidencias en los juicios.
Por su parte, el procurador general Eduardo Medina declaró hoy en el programa radiofónico Cúpula Empresarial que de ser aprobada, la reforma permitirá "la recuperación de la paz, de la tranquilidad para las personas y nuestras familias y nuestras comunidades". Medina consideró que no se ha hecho una lectura "suficientemente cuidada" de las virtudes de las modificaciones constitucionales.
Mientras, el secretario de Seguridad Pública federal, Genaro García, indicó que la entrada en los domicilios sin orden judicial, se buscaría que "esté siempre dentro de las garantías de la sociedad, siempre cuidando que no se violen los Derechos Humanos". García añadió que para la Policía "sin duda es una gran herramienta para combatir la delincuencia, para tener, con base en la técnica, un mejor combate al delito".
CRÍTICAS
En ese caso y por tratarse de modificaciones a la Constitución, la reforma tendría que ser enviada a los 31 congresos estatales para que discutan y al menos 16 la aprueben. El ingreso a los domicilios sin orden judicial ha generado una gran polémica, aunque se establece que sólo ocurrirá en casos de amenazas a la vida o integridad de las personas y de flagrancia.
"Me parece que es muy grave porque estaríamos dando un paso a un estado policial autoritario sin las correspondientes medidas de la seguridad pública", consideró el senador izquierdista Ricardo Monreal. Otro punto de crítica ha sido la posibilidad de que el procurador pueda tener acceso a información privada en material fiscal, financiera, bursátil y electoral sin autorización judicial.