CIUDAD DE MÉXICO, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -
El Ejército Popular Revolucionario (EPR), un grupo guerrillero mexicano al que se atribuyen ataques a oleoductos de la empresa estatal Petróleos Mexicanos (Pemex), anunció hoy en un comunicado el reinicio del hostigamiento militar debido a que el Gobierno no ha respondido a las peticiones de liberación de dos de sus miembros.
En un comunicado divulgado en un sitio de internet que suele colocar textos de organizaciones rebeldes latinoamericanas, el autodenominado Ejército Popular Revolucionario (EPR) señaló que debido a la desaparición de dos de sus miembros supuestamente detenidos por las autoridades, "tenemos todo el derecho de actuar en consecuencia".
El grupo responsabilizó al presidente, Felipe Calderón, de la detención y desaparición de dos de sus miembros, Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Cruz Sánchez, y advirtió al mandatario que "debe de asumir junto con los grandes empresarios las consecuencias de sus decisiones confesas", citados por el diario 'El Universal'.
El EPR aseguró que reiniciará el hostigamiento militar debido a que el Gobierno federal no respondió a las anteriores advertencias y comunicados en los que exigía la presentación con vida y la liberación de Reyes Amaya y de Cruz Sánchez.
CRÍTICAS Y REIVINDICACIONES
En el texto, los guerrilleros descalifican el primer año de Gobierno de Felipe Calderón y critican la actuación de casi todos los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Además el EPR critica también la reforma del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a "la reforma laboral, (y ) la reforma electoral todas con clara tendencia a la derechización y legalización del régimen neoliberal".
El grupo concluyó que "ante tanta agresión y agravio desde el Estado mexicano y su gobierno de ultraderecha el único camino que le queda a todo el pueblo que lucha por sus derechos establecidos en la Constitución es el hostigamiento y la autodefensa armada popular".
El EPR, que apareció públicamente el 28 de junio de 1996, en el primer aniversario del asesinato de 17 campesinos a manos de la policía en Aguas Blancas, en el estado sureño de Guerrero, se adjudicó ataques a oleoductos de Pemex en julio y septiembre, en acciones que ha calificado de "autodefensa".
El Gobierno, por su parte, ha negado que haya detenido y hecho desaparecer a sus miembros y tildó los ataques de "actos de terrorismo" y no de reivindicación social o política.