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MÉXICO DF, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -
La captura del narcotraficante más buscado del mundo, Joaquín 'El Chapo' Guzmán, ha sido un 'logro histórico' para las autoridades mexicanas y estadounidenses que ahora deben decidir el futuro del líder del cártel de Sinaloa.
Estados Unidos ha adelantado que solicitará la extradición del mexicano para que sea juzgado allá por una serie de cargos en al menos cinco jurisdicciones de ese país, según detallan medios mexicanos.
Sin embargo, ya algunos legisladores mexicanos han manifestado su apoyo a que 'El Chapo' sea juzgado en su país. "Nosotros tenemos, por ahora, la obligación no solamente jurídica sino política de investigar y procesar a 'El Chapo' acá. No creo que lo vayan a dejar ir, me parece que perdería puntos el Gobierno y las instituciones del Ejército y la Marina", dijo el senador Javier Corral.
"El Chapo tendría que ser juzgado en México, tendría que purgar una condena en México y, en todo caso, si es que le sobra tiempo, ir a Estados Unidos", apuntó por su parte el vicepresidente de la Mesa Directiva del Senado, Luis Sánchez Jiménez.
Sin embargo, algunos especialistas han señalado al diario mexicano 'Milenio' que México se evitaría responsabilidades si el capo es extraditado a Estados Unidos, tanto en garantizar la seguridad del imputado, como en evitar que se escape como lo hizo en el 2001, cuando cumplía 20 años de condena en una cárcel de máxima seguridad de Puente Grande, en el estado de Jalisco.
Si el Gobierno mexicano acepta extraditarlo, la Justicia de Estados Unidos deberá decidir en qué estado será procesado. 'El Chapo' enfrenta cargos en Nueva York, Texas, California e Illinois.
En México, tras su captura el pasado sábado, Guzmán deberá enfrentar en total ocho órdenes de aprehensión, luego de haber cumplido solo siete de 20 años de prisión antes escapar hace 13 años, ha destacado la Procuraduría General de la República (PGR) de México, según información de la cadena CNN.
El Gobierno mexicano ha adelantado que ofrecerá a Joaquín 'El Chapo' Guzmán Loera la posibilidad de acogerse al sistema de testigos protegidos, que recoge la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, a cambio de que facilite información sobre funcionarios y empresarios que de algún modo estuvieran vinculados con el cártel de Sinaloa y con su fuga.