MÉXICO DF, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -
La Suprema Corte de Justicia de México ha admitido este lunes a trámite la controversia constitucional que promovió el presidente, Enrique Peña Nieto, y ha ordenado suspender cualquier tipo de pronunciamiento legal previo en la disputa que mantiene Televisa por la retransmisión de su señal abierta por parte de Dish.
En concreto, la Presidencia de México solicita que se aclare a quién le corresponde resolver la disputa sobre la retransmisión de señales de televisión abiertas por compañías de cable. El Ejecutivo confía en que esta responsabilidad recaiga en el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y no en un juez local (cuya sentencia ha sido suspendida hasta que haya una resolución final).
La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Olga Sánchez Cordero, ha dado un plazo de 30 días hábiles al juzgado Trigésimo Segundo de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (es decir, al citado juez local que intervino con su sentencia) para que responda a la demanda que ha interpuesto en su contra el mandatario mexicano, por intervenir en el citado conflicto.
De la misma forma, la ministra también ha dado un plazo de 30 días hábiles al Congreso de la Unión, por conducto de sus Cámaras de Diputados y de Senadores, así como al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), para que manifiesten lo que a su derecho convenga, tal y como ha recogido el diario mexicano 'Milenio'.
Este hecho se produce después de que el juez local determinase que le correspondía al Poder Judicial, y no al IFT, resolver el pleito entre las grandes televisoras y Dish. "Recibir la señal de televisión, de forma gratuita, es un derecho de toda persona y es el IFT quien debe resolver la retransmisión de contenidos y no el juez local", sentenció en aquel momento el portavoz del Gobierno federal, Eduardo Sánchez.
Los argumentos del Ejecutivo ante la Corte indican que la retransmisión gratuita de las señales ('must carry' y 'must offer') de televisión es un "elemento esencial de la reciente reforma constitucional de telecomunicaciones para generar competencia en el sector de la televisión de paga".
Sin embargo, Televisa --empresa que inició el proceso judicial-- alegó que las prácticas que se llevan a cabo "violan la Ley de Derechos de Autor". La retransmisión de la señal de televisión abierta es centro de una disputa entre operadores de televisión restringida (por satélite y cable) y las cadenas televisivas locales Grupo Televisa y TV Azteca, dueñas de la concesión.