Foto: GETTY
MÉXICO DF, 9 May. (Notimérica/EP) -
El Pleno del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) ha suspendido a dos magistrados y un juez federal por presunto tráfico de influencias con relación a casas de apuestas o casinos.
Se trata de los magistrados Eduardo Ochoa Torres, presidente del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil, con sede en Monterrey; José Manuel Rodríguez Puerto, integrante del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y del Trabajo, con sede en Tamaulipas; y Javier Rubén Lozano Martínez, hasta ahora titular del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa, en Monterrey, Nuevo León.
La suspensión de los tres miembros de la judicatura se produce de manera inmediata y sin derecho a percepción alguna, según el comunicado difundido por el CJF, y consultado por Notimérica/EP.
La investigación contra los tres juzgadores se suma a las de otros integrantes del Poder Judicial de la Federación, presuntamente involucrados en resoluciones irregulares a favor de casas de apuestas o casinos.
Los tres sancionado son investigados por la Procuraduría General de la República (PGR) y ahora han quedado a disposición de las autoridades correspondientes, que decidirán en los próximos días si serán consignados ante un juez penal.
Según el Consejo, la decisión responde "a las formalidades que garanticen las condiciones para el adecuado desarrollo de la investigación iniciada a partir de hechos públicos presuntamente constitutivos de ilícitos".
"Es convicción de los integrantes del CJF mantener los más altos estándares de rectitud, transparencia, imparcialidad y compromiso social de quienes tienen el mandato constitucional de impartir justicia", expresa el Consejo, que explica que la nueva investigación se suma a aquellas en las que se han instruido procedimientos disciplinarios contra servidores públicos judiciales involucrados con resoluciones irregulares referentes
a casas de apuestas.
El CJF ha destacado su compromiso de "continuar perfeccionando" los mecanismos de vigilancia con los que cuenta para "detectar, sancionar y erradicar" actos de corrupción en el Poder Judicial de la Federación, "donde no tienen cabida aquellos cuyo interés no sean el de servir con imparcialidad a la sociedad", señala el comunicado.