MÉXICO DF, 16 Sep. (Notimérica/EP) -
La Comisión Nacional de Derechos Humanos de México (CNDH) ha señalado que la Policía del Estado mexicano de Puebla es responsable de la muerte de un niño indígena de 13 años, José Luis Tehuatle, que falleció por el impacto de un proyectil con gas lacrimógeno en una manifestación en San Bernandino Chalchihuapan, en Puebla.
El portavoz de la CNDH, Raúl Plascencia, ha presentado los resultados de la investigación del caso y ha detallado un informe que refleja las mentiras y omisiones del Gobierno de Puebla, ya que "en estos acontecimientos se han cometido violaciones graves a los Derechos Humanos atribuibles a servidores públicos de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Procuraduría General de Justicia, ambas de Puebla", según un comunicado oficial del organismo.
La manifestación en la que falleció el pequeño tuvo lugar en San Bernardino Chalchihuapan, en Puebla y, aunque empezó de manera pacífica, la Policía tuvo que intervenir. Hasta ahora no estaba claro qué bando ocasionó la muerte del niño, pero la CNDH ha demostrado que el proyectil que acabó con la vida de Tehuatle fue disparado por la Policía de Puebla, según ha publicado el diario mexicano 'El País'.
En su amplio informe, la CNDH ha esclarecido los hechos, y ha concluido que "el menor no fue lesionado por alguna explosión u onda expansiva" que entrara en contacto con el cráneo del niño, pues en su cuerpo "no se han encontrado residuos de explosivos, ni marcas relacionadas con el uso de éstos", según han indicado los forenses federales, y dado que los explosivos eran las armas de los manifestantes, la conclusión es firme, fue la Policía con un gas lacrimógeno.
"Los elementos de la Policía Estatal que participaron en los acontecimientos emplearon de manera excesiva y con una marcada negligencia la fuerza pública", continúa el informe, por lo que Plascencia ha solicitado que el gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, indemnice a los 49 lesionados y a la familia de Tehuatle. Por su parte, la madre de la víctima, Elia Tamayo, ha pedido la renuncia del gobernador.
Además, en el informe se ha explicado que la Fiscalía local, no se basó en pruebas, sino en "hipótesis sin fundamento", y aunque el secretario de Seguridad Pública, Facundo Rosas, había asegurado que habían utilizado 232 unidades de proyectiles con gas lacrimógeno, la CNDH ha señalado que utilizaron el doble a manos de policías que carecían del adiestramiento necesario para este tipo de armas.