Actualizado 12/08/2014 18:36

La reforma energética en México, debate entre lo público y lo privado

Peña Nieto promulga la reforma de las telecomunicaciones
Foto: PRESIDENCIA DE MÉXICO

MÉXICO DF, 12 Ago. (Notimérica/EP) -

   Ya queda poco para que comience a aplicarse la reforma energética en México. La maquinaria ya ha sido puesta a punto después de que el presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, promulgara este lunes las llamadas leyes secundarias, que abren las puertas a la inversión privada para la explotación de los hidrocarburos, que hasta ahora pertenecían única y exclusivamente al Estado mexicano.

   No ha sido fácil el camino para llegar aquí, aunque Peña Nieto está convencido de que el recorrido ha merecido la pena porque la reforma "acelerará el crecimiento económico y el desarrollo de México en los próximos años", a la vez que "preservará la propiedad de la nación sobre los hidrocarburos" y tanto los hogares como las empresas mexicanas pagarán menos por los suministros energéticos, de acuerdo con el diario local 'Milenio'.

   Otros no ven tantos beneficios y más bien creen que el país está dejando escapar un bien preciado, que representa la mayoría de los ingresos que el Estado recibe. Aunque el pacto entre los tres partidos principales, el Partido Revolucionario Institucional (PRI), el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido Revolucionario Democrático (PRD) se ha mantenido firme en otras de las reformas que impulsa el Gobierno --educativa, laboral, financiera, de medios-- ha acabado rompiéndose por completo ante la reforma energética.

   Puede que esto se deba a que era la reforma que suponía un cambio más radical en la dinámica del país y que alcanzaba a los bolsillos de la ciudadanía, para bien o para mal. También influyó en la polémica el hecho de que el PRI y el PAN programaran la difusión de las leyes secundarias en pleno Mundial de Brasil, lo que les granjeó las acusaciones de que utilizaban el momento para evitar el debate en la sociedad.

   Finalmente, la reforma ha triunfado a manos del Gobierno, que jugó con su mayoría en la Cámara de Diputados y el Senado. Aunque la izquierda no se rinde, ha prometido seguir luchando contra la privatización del sector y planea llamar a consulta popular para echarlo todo atrás.

 

 

LAS TIERRAS DE CAMPESINOS E INDÍGENAS

   Según el portal mexicano 'Animal Político', la nueva reforma energética no permite a los campesinos, ejidatarios --agricultores a los que se les concedieron tierras por situación de pobreza y que pueden trabajar las tierras, pero no revenderlas-- e indígenas decidir sobre si en sus terrenos se llevarán a cabo las actividades de las empresas del Estado o de las privadas dedicadas a los hidrocarburos.

   Los dueños de la tierra deberán negociar un acuerdo con aquellos a los que les interese explotar los recursos energéticos de su terreno o establecer sus instalaciones, pero si este no se concreta el Estado determinará los pagos que le corresponden al propietario. Es decir, entre sus opciones no cabe oponerse a deshacerse de sus tierras.

   "No tenemos alcance real de lo que ocurrirá. Nos dicen que ya no habrá expropiación, pero que sí nos pueden obligar a dar nuestras tierras cuando una empresa vaya y avise a Sedatu (Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano) que hay algo que pueden explotar aquí. No sabemos cómo va funcionar todo o cuáles serán nuestras alternativas para seguir con nuestra actividad", ha explicado el presidente de la Unidad de Manejo Forestal Istmo-Pacífico, Daniel García Toledo.

   Sea cómo sea, el tiempo dirá si la reforma energética moderniza el sector y atrae la necesaria inversión extranjera, como dicen sus defensores, o entrega el petróleo y con ello los preciados ingresos públicos y la soberanía nacional al capital privado, tal y como afirman sus detractores.