* Partes se dan tres días para resolver cuestiones aún pendientes
* Siguen enfocados en cómo financiar el resto del proyecto
* España es probable que ayude a Sacyr dando respaldo crediticio
(Actualiza con nueva información, citas, cambia redacción)
Por Lomi Kriel y Sonya Dowsett
CIUDAD DE PANAMA/MADRID, 20 feb, 20 Feb. (Reuters/EP) -
- Un anunciado acuerdo para reanudar los trabajos en el millonario proyecto de expansión del Canal de Panamá parecía dudoso el jueves, sólo horas después de un aparente progreso, en el más reciente giro de una agria disputa sobre cuantiosos sobrecostos.
El consorcio Grupo Unidos por el Canal (GUPC), liderado por la española Sacyr, se comprometió a reiniciar el jueves los trabajos en la vía interoceánica, dijo la noche anterior la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), mientras continúan negociaciones sobre otros puntos en disputa, en un proceso para el que ellos mismos se ha dieron 72 horas.
La disputa ha amenazado con retrasos que pueden costar millones de dólares en peajes perdidos y dejar en espera a empresas de todo el mundo que quieren mover sus cargas a través del Canal que une la costa de Estados Unidos con los mercados asiáticos.
El presidente Ricardo Martinelli dijo a periodistas el jueves que la reactivación de los trabajos no era "del todo cierta".
"Parece ser que hay alguna diferencia interna entre los distintos contratistas", observó.
Sacyr no estuvo disponible para comentarios pero una fuente dijo que aunque tenía entendido que se reanudarían las obras era difícil convocar de una sola vez a miles de trabajadores.
Según datos del GUPC, sólo se presentaron a trabajar unas 60 personas de las 7,000 que suelen laborar.
Entretanto, la ACP pagará 36,8 millones de dólares al consorcio -también integrado por Salini Impregilo, Jan de Nul y Cusa- tan pronto como las obras se reanuden, una suma que servirá para cancelar pagos y obligaciones con proveedores pendientes desde diciembre.
Uno de los puntos más complejos está siendo cómo convertir en financiación la garantía de 400 millones de dólares de Zurich , que dijo en un comunicado que se encuentra cómoda con la exposición que tiene actualmente al proyecto, limitada gracias a los mecanismos de reaseguros que contempla.
Una fuente con conocimiento del caso dijo a Reuters el jueves que la aseguradora helvética no quiere poner dinero directamente en el proyecto y ha pedido que lo hagan los bancos, que a su vez están pidiendo contragarantías.
La fuente añadió que cada integrante del consorcio es responsable de sus respectivas obligaciones financieras.
En el reparto de riesgos, jugaría un papel el Estado español, que avaló a Sacyr con una contragarantía de 200 millones de dólares cuando el consorcio se adjudicó el faraónico proyecto en el 2009.
El martes, dos fuentes con conocimiento de la situación dijeron a Reuters que el Gobierno español probablemente modificará la contragarantía -suscrita en su momento como seguro para la terminación del proyecto- para que sirva ahora como aval financiero.
La consultora Wood Mackenzie dijo que espera que la disputa por sobrecostos se resuelva con una interrupción limitada de los trabajos, pero advirtió que mayores retrasos afectarían a los productores de gas natural licuado (GNL) de Estados Unidos.
"Si los retrasos duran 6-12 meses, tendrán un impacto limitado, pues el comercio seguirá como hasta ahora", dijo en un reporte Andrew Buckland, analista de transporte de GNL.
En la bolsa madrileña, las acciones de Sacyr subieron un 3,9 por ciento después de la noticia del acuerdo para reiniciar las obras. El proyecto representa una cuarta parte de los ingresos internacionales de la compañía.
Mientras que las acciones de la italiana Salini Impregilo ganaron un 4 por ciento.
"Es una noticia positiva para las acciones de Sacyr porque indica mayor probabilidad de un acuerdo definitivo", dijeron analistas de Espirito Santo en su informe diario para clientes.
La ACP y el consorcio de Sacyr llevan discutiendo ya dos meses sobre quién debe asumir unos sobrecostos de 1.600 millones de dólares, una disputa que ha llevado a parar por falta de liquidez unas obras en las que trabajan 10.000 personas y a retrasar la conclusión del tercer juego de esclusas a finales del 2015.
El conflicto ha adquirido tintes diplomáticos y mantiene en vilo a numerosas empresas, principalmente estadounidenses, que han invertido en barcos y puertos con vistas al mayor flujo comercial de la ruta que une el océano Pacífico con el Atlántico.