CIUDAD DE PANAMÁ, 3 May. (Reuters/EP) -
Panamá es uno de los países más desiguales de Latinoamérica junto con Chile y detrás de Honduras, Colombia, y Brasil, según un ranking del Banco Mundial del 2009.
El 90 por ciento de su numerosa población indígena vive en pobreza extrema aún a pesar de que el Estado ha gastado cifras millonarias en programas sociales, según datos de organismos internacionales.
Y ell a pesar de que la economía del país, dolarizada desde hace décadas, ha crecido a un vertiginoso promedio del 8 por ciento del 2006 al 2012, impulsada sobre todo por el sector construcción y la ampliación del canal, lo que ha llevado a consolidar al país como una nación de ingreso medio en contraste con sus vecinos centroamericanos.
Para este año se espera una desaceleración al 7 por ciento, aún una tasa envidiable para gran parte del mundo.
Aunque el tema de la expansión del Canal se mencionó poco en la campaña, el proyecto será clave para que el nuevo gobierno pueda disponer de un fondo especial que se espera sea alimentado con los ingresos extra que dejará la ampliación.
"Podremos tener mucha infraestructura, tener la mejor economía, pero eso no sirve si en la casa nos estamos comiendo un cable", señaló Luis Rodríguez, un enfermero de 26 años que aun no ha decidía su voto y se quejaba de los altos precios de los alimentos.
"Queremos dar un salto cuantitativo en la lucha contra la pobreza, por eso queremos trabajar iniciando dentro de las comarcas indígenas, es como entrar a la pobreza y desde la pobreza salir a encontrar el desarrollo", dijo hace poco Arias, un economista graduado en Argentina.
En una carrera tan reñida, para cualquiera de los candidatos es clave convencer a los indecisos, que la encuestadora Quantix ubica en un 12,4 por ciento del electorado, que asciende a 2,45 millones de ciudadanos.
A pesar de ser popular, el actual presidente, Ricardo Martinelli, ha sido acusado por opositores de otorgar contratos sin licitación a empresas y de nombrar a sus allegados en puestos clave como la Corte Suprema de Justicia, la Procuraduría o la Contraloría (auditoría). Y en los últimos meses han arreciado protestas sindicales por mejoras salariales.
"Me comprometo con una auditoría 'forense' completa de todas las obras de este gobierno", advirtió en su cierre de campaña el ex activista ambientalista Juan Carlos Navarro, quien dijo hace unos meses que el país está gobernado por "maleantes".