Juan Carlos Varela visita supermercados en el primer día de control de precios de alimentos
MADRID, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -
El presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, ha zanjado las dudas generadas sobre la posible difusión de los datos patrimoniales del nuevo Gobierno y ha aclarado que él sí hará públicas sus propiedades y activos, aunque no será un gesto obligatorio.
El ministro de la Presidencia, Álvaro Alemán, declaró recientemente que el patrimonio de los nuevos ministros seguirá siendo secreto, pero Varela avanzó el lunes que, al menos el suyo, "será público". El tema será discutido este martes en el Consejo de Ministros.
El nuevo mandatario, que asumió el poder el pasado 1 de julio, ha matizado que, aunque instará al resto de su equipo a difundir su riqueza, dejará "a decisión de cada funcionario" este paso, según el periódico local 'La Prensa'. Sí han anunciado que divulgarán su patrimonio el alcalde del distrito de Panamá, José Isabel Blandón, y el presidente de la Asamblea Nacional, Adolfo Verderrama.
El debate en torno a las propiedades y el dinero que poseen las nuevas autoridades coincide con la entrada en vigor de un programa temporal de control de precios para los alimentos básicos. Dicha medida entró en vigor el lunes y afecta a un total de 22 artículos, incluidos patatas, lentejas, frijoles, pollo, huevos, leche en polvo y arroz.
El Gobierno de Varela, que hizo de este control de precios una de sus grandes promesas de campaña, calcula que cada familia se ahorrará al mes unos 8 dólares. El presidente visitó el lunes algunos supermercados y defendió que el objetivo es reducir la "especulación" y "beneficiar a todos los panameños", según la agencia Reuters.
"Vemos que se está implementando el control de precios muy bien que incluso desde ayer algunos supermercados ya habían hechos los cambios de los precios", declaró Varela, satisfecho durante su recorrido.
Las autoridades han advertido de que comprobarán diariamente que las tiendas cumplen la medida. Para quienes se la salten, el decreto ejecutivo aprobado prevé multas de hasta 10.000 dólares.
La regulación, no obstante, sólo afecta a los márgenes de los vendedores minoristas, ya que se trata de controlar los precios de venta al público. En este sentido, el Ejecutivo no regula los precios al por mayor de la 'canasta básica' para no afectar a los productores.