Actualizado 10/04/2014 23:15

Diputados denuncian una "persecución" de la Fiscalía

El Congreso de Diputados de Paraguay.
Foto: REUTERS

ASUNCIÓN, 10 Abr. (Notimérica/EP) -

   Algunos diputados del Congreso de Paraguay denunciaron este miércoles que están siendo sometidos a una supuesta "persecución política" por parte de la Fiscalía, en especial de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción, la cual lleva tiempo, han asegurado, cometiendo actos de "terrorismo de Estado" contra ellos.

   Estos diputados, que responden a diferentes opciones políticas, manifestaron que se encuentran bajo la "dictadura de la Fiscalía", la cual, denunciaron, se presta a una "persecución política" que solo busca "desmerecer" la labor de aquellos "ciudadanos que quieren servir a la patria a través de un escaño".

   Se trata de la "confesión de la negligencia absoluta", expresó el diputado 'colorado' y antiguo abogado de diferentes narcotraficantes, Bernardo Villalba, quien aseguró que sus colegas del Congreso están siendo víctimas de un organismo que no aspira a hacer justicia.

   Villalba, quien en 2013 se mostró contrario a una norma que posibilitaba la extradición de narcotraficantes paraguayos huidos del país, denunció la arbitrariedad de estas acusaciones y subrayó la necesidad de que los diputados formaran una serie de comisiones que ayudaran a estudiar este tipo de hechos para garantizar así que todos respondan ante la ley en las mismas condiciones

   Por su parte, el diputado del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) Víctor Ríos también ha señalado que están siendo perseguidos políticamente bajo "el disfraz de la legalidad", lo que no se sustenta "en un Estado de Derecho", por lo que abogó por "analizar la situación de los fiscales".

   Ríos, quien además de desempeñar sus labores como diputado también ostenta la Rectoría de la Universidad Nacional de Pilar, fue acusado en octubre de 2013, por parte de la senadora 'colorada' Blanca Ovelar, de cometer supuestas irregularidades en el manejo de los recursos de este centro de enseñanza superior, ubicado en el sur del país, de acuerdo con la información de diversos medios paraguayos.

LOS MOTIVOS DE LAS QUEJAS

   Los diputados se levantaron en protesta por las supuestas negligencias cometidas desde la Fiscalía del Estado, después de que la fiscal Victoria Acuña decidiera finalmente solicitar esta semana la anulación del caso que señala al representante liberal Édgar Acosta como autor de unas supuestas irregularidades durante su gestión en la Industria Nacional del Cemento (INC).

   Según la representante de la Fiscalía no existen evidencias suficientes para seguir con la imputación que ella misma encabezó, ya que "la compra masiva de cemento que realizaron las empresas se ejecutó una vez que los imputados dejaron sus respectivos cargos, por lo que "esto imposibilita determinar la existencia de elementos de tipo penal".

   Algo parecido sucedió con otro legislador liberal, Milciades Duré, imputado por Acuña por lesión de confianza cuando era miembro de la Junta Asesora y de Control de Gestión del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT), por engordar la compra de las tierras a la empresa San Agustín, ocasionado un daño económico al ente estatal estimado en casi 13 millones y medio de dólares .

   Duré también se vio salpicado a finales del año pasado del enésimo escándalo producido por la clase política del país sudamericano. Al igual que otros miembros del Congreso, el liberal aparecía en una lista revelada por los medios paraguayos en la que se enumeraba a una serie de diputados que estarían incurriendo en un delito de nepotismo.

   El representante del PLRA no tardó en proponer a la Cámara que se llevaran acciones penales contra todas aquellas personas que filtrasen este tipo de información, que iba desde nombres a cargos, pasando por los salarios que recibían del Estado.

   El caso más sonado fue el oficialista Víctor Bogado, quien tenía a la niñera de sus hijas, Gabriela Quintana, como personal de la cámara baja, por lo que se le retiró su fuero de diputado tras ser acusado del delito de cobro indebido y el de estafa al erario público.