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ASUNCIÓN, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -
El ministro de Hacienda de Paraguay, Germán Rojas, ha explicado este lunes que las condiciones económicas legales para que se produzca un reajuste al alza del salario mínimo se están produciendo, pero ha asegurado que la prioridad actual del Ejecutivo radica en la creación de empleos.
El parecer de Rojas ha variado con respecto al último análisis que realizó a principios del pasado mes de enero, cuando explicó que hasta que la inflación acumulada no llegase al 10 por ciento, no se trataría la posibilidad de aumentar el jornal mínimo, que actualmente apenas llega a los 360 dólares.
Por su parte, el ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Guillermo Sosa, ha informado que este lunes mantendrán una reunión los encargados del Consejo Nacional del Salario Mínimo (CONASAM). Sin embargo, también se ha mostrado cauteloso pues según los últimos estudios, la inflación no alcanzó de pleno el 10 por ciento exigido por el Banco Central, por lo que podría influir en el montante final.
Al otro lado del conflicto, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) ha vuelto a subrayar que es insuficiente la propuesta del Gobierno de subir en un 10 por ciento el salario mínimo y han defendido la necesidad de llegar hasta el 25 por ciento, después del encarecimiento del nivel de vida en Paraguay.
Los trabajadores denuncian que el convenio no ha sido revisado desde 2011 y proponen que el nuevo reajuste establezca un mínimo salarial de 870 dólares, y cubrir así los gastos de transporte y alimentación, para los cuales, han denunciado, invierten más del 70 por ciento del actual jornal, por lo que acudir al contrabando se ha convertido en una mera cuestión de supervivencia.
En caso de que el Gobierno no acceda a sus reivindicaciones salariales, los trabajadores y sus representantes han advertido de que convocarán una huelga general para el próximo 26 de marzo, la cual podría contar con el apoyo de casi el 90 por ciento de los trabajadores de Paraguay.
En relación a la huelga general, Sosa ha defendido que la nueva postura del Gobierno nada tiene que ver con la presión ejercida por el sindicato y los trabajadores, a quienes, ha dicho, se respeta su decisión de secundar los paros.