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ASUNCIÓN, 18 Mar. (Notimércia/EP) -
El ministro de Trabajo de Paraguay, Guillermo Sosa, ha asegurado este martes que, aunque en un principio la intención del Gobierno no es pedir la ilegalidad de la huelga general prevista para el próximo 26 de marzo, no descarta pedir al Ejecutivo la ilegitimidad de los paros si la situación se deteriora con la participación de elementos ajenos a las reivindicaciones de los trabajadores.
Sosa ha comunicado que el Gobierno enviará a los juzgados un informe describiendo las características de la huelga y ha explicado que existen tres condiciones dentro del Código Laboral que propiciarían la ilegalidad de los paros: que tuviera un marcado devenir ideológico, que las manifestaciones estuvieran dirigidas desde los partidos políticos, y que se produjera ataques contra los poderes e instituciones del Estado.
"Nuestra intención no es declarar o pedir la ilegalidad de la huelga. Nosotros no queremos eso, salvo casi en una última instancia", ha manifestado Sosa, quien ha seguido recalcando que los paros "no beneficiarían a nadie", pues no existen motivos suficientes para que se convoquen.
"Los problemas del país no los vamos solucionar a través de una huelga, sino dialogando. Por eso, convocamos a los partidos políticos, por eso trabajamos con las centrales obreras", ha defendido Sosa, pese a saber de antemano que los trabajadores condicionan su participación en una mesa de negociación a la subida del salario mínimo en un 25 por ciento.
REIVINDICACIONES DE LOS TRABAJADORES
La Central Nacional de Trabajadores (CNT), con el apoyo de otros sindicatos y agrupaciones sociales y campesinas, hizo públicas las reivindicaciones laborales por las que han decidido convocar una huelga general para el 26 de marzo. Entre ellas, está el eterno problema en la sociedad paraguaya del salario mínimo, fuente de varias disputas con el Ejecutivo.
Los trabajadores, que tienen que acudir al contrabando para completar las necesidades básicas, han rechazada la propuesta del Gobierno de subir en un 10 por ciento el salario mínimo y han sostenido que el reajuste del mismo debería ser del 25 por ciento.
En ese sentido se mueven el resto de peticiones. Los sindicatos exigen que los precios de los productos básicos estén regulados por ley; que se reduzca el precio del transporte público, al cual muchas familias destinan hasta el 30 por ciento de su salario; que los seguros sociales se amplíen a más sectores de la sociedad; y que la ley de Alianza Público-Privada (APP), una de las principales medidas del Gobierno de Horacio Cartes, sea suprimida ya que busca la privatización de los recursos y servicios públicos del país.