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ASUNCIÓN, 19 Mar. (Notimérica/EP) -
Los sindicatos campesinos y las centrales obreras de Paraguay han acusado al Gobierno de encender los ánimos en los últimos día de cara la huelga general convocada para el próximo 26 de marzo, al especular con que pueden producirse altercados violentos, con el fin de poder declarar ilegal las marchas por los derechos de los trabajadores.
El portavoz de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), José Pimienta, ha criticado el "juego político" del Gobierno, que con su actitud, ha dicho, "demuestra atisbos de irresponsabilidad", más cuando lanzan acusaciones de supuestos intentos por derrocar al actual ejecutivo del presidente Horacio Cartes.
"Nosotros no estamos en ninguna aventura golpista ni de cambio de Gobierno", ha asegurado Pimienta, quien ha considerado "lastimosa" la actitud de las autoridades, pues con sus declaraciones han buscado instalar "un clima enrarecido" para los próximos paros a nivel nacional.
Por su parte, el ministro del Interior de Paraguay, Francisco De Vargas, ha atacado a los sindicatos, a los que ha acusado de intentar "separar a las personas con malas intenciones", por ello llevarán a cabo "controles firmes con toda la potencia" durante la jornada de huelga.
El titular del Interior ha asegurado a los medios paraguayos que su equipo del Ministerio dispone de una serie de grabaciones en las que dos personas pertenecientes a una rama sindical en el departamento de San Pedro, en el centro de Paraguay, estarían barajando la posibilidad de organizar enfrentamientos violentos con la Policía durante las marchas huelguistas.
En ese sentido, De Vargas también ha pedido la colaboración de los sindicalistas, para que ayuden a identificar a todos aquellos que pretendan cometer actos violentos durante la próxima fecha de movilizaciones laborales.
REIVINDICACIONES DE LOS TRABAJADORES
La Central Nacional de Trabajadores (CNT), con el apoyo de otros sindicatos y agrupaciones sociales, campesinas y de estudiantes, hizo públicas las reivindicaciones laborales por las que han decidido convocar una huelga general para el 26 de marzo. Entre ellas, está el eterno problema en la sociedad paraguaya del salario mínimo, fuente de varias disputas con el Ejecutivo.
Los trabajadores, que tienen que acudir al contrabando para completar las necesidades básicas, han rechazada la propuesta del Gobierno de subir en un 10 por ciento el salario mínimo y han sostenido que el reajuste del mismo debería ser del 25 por ciento, principal condición esgrimida por los sindicatos para iniciar un principio de negociación con el Gobierno.
En ese sentido se mueven el resto de peticiones. Los sindicatos exigen que los precios de los productos básicos estén regulados por ley; que se reduzca el precio del transporte público, al cual muchas familias destinan hasta el 30 por ciento de su salario; que los seguros sociales se amplíen a más sectores de la sociedad; y que la ley de Alianza Público-Privada (APP), una de las principales medidas del Gobierno de Horacio Cartes, sea suprimida ya que busca la privatización de los recursos y servicios públicos del país.