LIMA, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -
Amnistía Internacional (AI) ha instado a las autoridades peruanas a revisar la "aberrante" decisión de la Fiscalía de investigar solamente uno de los miles de casos de mujeres indígenas y campesinas que habrían sufrido esterilizaciones forzadas durante el Gobierno de Alberto Fujimori.
"Es urgente que las autoridades de Perú revisen esta aberrante decisión y cumplan sus obligaciones internacionales en materia de derechos sexuales y reproductivos, así como que se garantice el derecho a la verdad, la justicia y la reparación", ha dicho.
La organización humanitaria ha indicado que "el Estado peruano debe, asimismo, mandar una señal clara de que esta discriminación contra mujeres indígenas y campesinas es totalmente inaceptable".
La ONG ha sostenido que "con esta decisión se reafirma que los derechos de las mujeres indígenas y campesinas siguen sin ser protegidos y se refuerza la discriminación que han sufrido durante cientos de años".
"Es lamentable que con esta deplorable decisión se hayan cerrado más las posibilidades de Justicia para estas mujeres y para la sociedad peruana en su conjunto", ha considerado, a través de un comunicado.
A este respecto, ha recordado que "en 2003 la Comisión de la Verdad y de la Reconciliación determinó que los más afectados por los abusos de los Derechos Humanos fueron los más vulnerables, entre ellos las mujeres indígenas y campesinas, y concluyó que sólo cuando se garanticen los derechos en Perú se podrá abrir el camino hacia un país donde los horrores del pasado no puedan ser repetidos".
LA DECISIÓN DE LA FISCALÍA
AI ha lamentado que, "después de casi diez años de espera, más de 2.000 mujeres indígenas y campesinas que habrían sido esterilizadas forzosamente en la década de los años '90 vean ahora su derecho a la Justicia negado".
La organización humanitaria se ha referido a "la decisión adoptada por la Fiscalía Supraprovincial de Lima el pasado 22 de enero de presentar denuncia formal en tan sólo uno de estos casos". "Ya estas 2.000 víctimas incluidas en la investigación fiscal representan sólo una pequeña parte de las más de 200.000 mujeres indígenas y campesinas que habrían sido esterilizadas durante esos años, en su gran mayoría sin que hubieran dado el debido consentimiento", ha remachado.
La ONG ha criticado que el Ministerio Fiscal "haya decidido proseguir únicamente con una denuncia contra el personal médico implicado en la muerte de María Mamérita Mestanza Chávez a consecuencia de una esterilización forzada en 1998". "Ni siquiera en este caso emblemático se ha acusado a quienes habrían ideado, promovido o permitido esta nefasta práctica", ha añadido.
En contra de la tesis de la Fiscalía, AI ha sostenido que "durante el Gobierno de Fujimori se implementó un programa de planificación familiar que habría formado parte de una política de control demográfico orientada a los sectores más pobres".
"El personal médico habría estado presionado a cumplir con cierto número de esterilizaciones y muchas de estas mujeres y sus familiares fueron amenazados con multas, prisión o con la retirada del apoyo alimentario del Estado, si no se sometían a estas operaciones", ha dicho.
AI ha recordado que en el año 2002 una comisión del Congreso de Perú "estableció que se realizaron esterilizaciones 'sin el consentimiento de las usuarias, empleando violencia psicológica, presión o a cambio de algún incentivo alimentario y/o económico'" y que "hubo injerencia del Ejecutivo".
"En base a estas conclusiones se decidieron formular denuncias penales contra varios miembros del Ejecutivo, incluidos los entonces presidente, viceministro de Salud y ministros, así como varios asesores", ha señalado.
La investigación fiscal sobre las esterilizaciones forzadas comenzó en 2004 y fue archivada en 2009. En 2011 fue reabierta, "pero las organizaciones que representan a las víctimas manifestaron su preocupación sobre la inacción y la falta de recursos destinados a esclarecer los hechos y depurar responsabilidades".