Actualizado 04/04/2014 00:35

Un funcionario de García tendría cuentas en las Caimán

El expresidente de Perú Alan García.
Foto: REUTERS

LIMA, 3 Abr. (Notimérica/EP) -

   El portavoz del Gobierno de Perú, Sergio Tejada, y expresidente de la recién disuelta 'megacomisión', ha revelado este jueves que posee información facilitada por un funcionario del segundo Gobierno de Álan García (2006-2011) que le confirmó que había realizado una transferencia millonaria a una cuenta bancaria en las islas Caimán, paraíso fiscal situado en el mar Caribe.

   "Quiero empezar ya a trasladar unos hallazgos importantes que tengo. Un funcionario, del cual no diré su nombre, hizo una transferencia millonaria a un banco de la isla Gran Caimán. Yo tengo que denunciarlo, no puedo esperar a ver cuándo dan carpetazo al tema en el pleno (del Congreso)", ha señalado Tejada.

   El funcionario en cuestión podría haber formado parte de la empresa estatal Sedapal, encargada de prestar servicios de saneamiento de agua potable y alcantarillado sanitario a la ciudad de Lima, durante el periodo de Hernán Garrido Lecca, presente en los informes de la 'megacomisión', cuando ostentaba la Cartera de Vivienda (2006-2007).

   El periódico 'Perú 21' ha revelado que la cantidad transferida a Gran Caimán, una de las islas de este archipiélago caribeño con estatus de paraíso fiscal, asciende a los 409.000 dólares.

   "Vamos a hacer la denuncia correspondiente ante la Fiscalía Anticorrupción", ha añadido Tejada, al mismo tiempo que ha comunicado que se está barajando la posibilidad de denunciar a Hugo Velásquez Zavaleta, el juez que anuló los informes de la 'megacomisión' que versaban sobre supuestas irregularidades y corrupciones varias cometidas por García durante su segundo mandato.

   "Nos parece que el juez se ha excedido en sus atribuciones y ha emitido una resolución excesivamente formalista que no reconoce los propios procedimientos que tiene el Congreso", ha matizado el portavoz del Gobierno de Ollanta Humala.

   Por otro lado, García ha exigido que, si la persona que delinquió pertenece a la Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA), debe ser "expulsado" e, independientemente de su afiliación política, "denunciado, enjuiciado y sentenciado".