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LIMA, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -
El ex presidente peruano Alberto Fujimori (1990-2000) ha considerado que la decisión del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) de cortarle la línea telefónica por dar entrevistas desde la cárcel es "arbitraria e inconstitucional".
"Arbitraria e inconstitucionalmente se me ha incomunicado, se me están cortando las oportunidades de defensa", ha dicho en la sesión que se ha celebrado este jueves del juicio que se lleva a cabo en su contra por el caso de los 'diarios chicha'.
Fujimori ha pedido al tribunal que regule sus condiciones penitenciarias al considerar que es víctima de un trato cruel e inhumano que atenta contra su integridad física, según ha informado la emisora peruana RPP.
El jefe del INPE, José Luis Pérez Guadalupe, anunció el pasado martes que suspenderían la línea de teléfono usada por el ex jefe de Estado hasta que el consejo técnico del INPE se reúna para decidir la sanción definitiva, el próximo viernes.
Pérez Guadalupe no descartó que se le corte definitivamente la línea telefónica por mal uso, dado que no es un derecho constitucional de los reclusos, sino una medida del INPE para facilitar la comunicación con la familia.
En Perú se ha reavivado el debate sobre las condiciones penitenciarias de Fujimori porque es la segunda vez en apenas una semana que el ex mandatario concede una entrevista telefónica desde la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía Nacional (Diroes).
El pasado 7 de noviembre habló con RPP para defender su "absoluta inocencia" en las matanzas cometidas por las Fuerzas Armadas en Barrios Altos y La Cantuta, en el marco de la ofensiva de su Gobierno contra la guerrilla de Sendero Luminoso.
En la misma línea se expresó sobre el caso de los llamados 'diarios chicha', donde se le acusa de desviar dinero público para comprar el favor de los grandes medios de comunicación peruanos de cara a su tercera reelección.
Una semana después, habló con el programa de televisión '90 Segundos' para pedir explicaciones al presidente peruano, Ollanta Humala, por los vínculos del Gobierno con Óscar López Meneses, estrecho colaborador del ex jefe de Inteligencia Vladimiro Montesinos.