LIMA, 28 May. (EUROPA PRESS) -
El presidente de Perú, Ollanta Humala, ha asegurado que la decisión de conceder una pensión pública al ex mandatario Alberto Fujimori, porque --según afirmó-- "no tiene un centavo", se tomará "en apego estricto a la Justicia".
"Lo que creemos es que a nadie se le puede discriminar en sus derechos", ha dicho en declaraciones recogidas por la emisora peruana RPP, en el marco de un acto oficial celebrado en la localidad de Chorrillos.
Humala ha revelado que ya ha consultado sobre esta cuestión al ministro de Justicia, Daniel Figallo. "No es porque me corresponda a mí darle esa pensión, sino que creo que, como son temas de agenda, hay que tener claro si le corresponde o no", ha explicado.
El pasado 22 de mayo, el abogado de Fujimori, William Castillo, "imploró" una pensión pública para "un hombre peruano que trabajó más de 30 años en este país, que está en prisión y que no percibe ni un centavo".
Castillo denunció que "el Estado, en forma cruel y mísera, se la niega, pese a que (Fujimori) fue rector de la Universidad Agraria La Molina, catedrático de dicha casa de estudios y jefe de Estado por más de diez años".
El abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL) Carlos Rivera ha advertido de que, si finalmente se le concede una pensión, "el Estado tiene derecho a cobrar las reparaciones que le debe de los cuatro juicios celebrados hasta la fecha".
Castillo, ha contestado que, aunque es cierto que el Estado podría embargar parte de la pensión de Fujimori, no podría hacerlo en su totalidad porque hay un mínimo intangible para garantizar la subsistencia del beneficiario.
Sobre Fujimori pesan varias condenas. La más importante es la de 25 años de cárcel dictada en abril de 2009 por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta y por el secuestro de un empresario y un periodista. Los hechos ocurrieron en la década de 1990, cuando su Gobierno emprendió una lucha contra Sendero Luminoso.
Actualmente está siendo juzgado por el caso de los 'diarios chicha', en el cual se le acusa de desviar dinero de los fondos estatales para financiar su campaña propagandística en los medios de comunicación peruanos.