CIUDAD DE MÉXICO, 21 Feb. (Reuters/EP) -
Un grupo de activistas y defensores de los Derechos Humanos ha exigido este martes que se investiguen de forma independiente y a nivel internacional las acusaciones de espionaje presentadas contra el Gobierno mexicano.
Según organizaciones y activistas anticorrupción, la Fiscalía de México, acusada de estar involucrada en el uso de un programa de espionaje adquirido para investigar a criminales y terroristas, se ha mostrado incapaz y sin voluntad para realizar la pesquisa en cuestión.
La petición ha tenido lugar después de que la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), que denunció el espionaje en primer lugar, publicara nueva información sobre el caso a través del diario 'The New York Times'.
El citado periódico reveló en junio de 2017 que al menos tres agencias federales mexicanas se han gastado, desde 2011, casi 80 millones de dólares en programas de espionaje de una empresa de origen israelí, un software conocido como Pegasus que se infiltra en teléfonos móviles a través de "mensajes fantasma" y por los que acaban interviniendo llamadas, mensajes de texto, correos electrónicos, contactos, calendarios e incluso las cámaras de los aparatos.
El grupo ha solicitado la investigación que se investigue el uso de Pegasus por parte de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía. Asimismo, el MCCI ha pedido a los candidatos presidenciales hacer un pronunciamiento público sobre la necesidad de crear una comisión de expertos independientes que investigue a fondo el caso.
Por otra parte, ha sugerido reformar el artículo 102 de la Constitución para formar una Fiscalía que pueda investigar a fondo casos como este.
El Gobierno de México ha sido duramente criticado por realizar presuntas conversaciones telefónicas a activistas de Derechos Humanos y activistas mediante el uso del software Pegasus.
A mediados de junio, el secretario de Gobernación de México, Miguel Ángel Osorio Chong, ha asegurado este martes que no existe espionaje contra periodistas, activistas ni ONG en el país, reclamando que se denuncie cualquier caso sospechoso.