Publicado 19/11/2019 12:35

AI urge a derogar el decreto sobre las fuerzas de seguridad en Bolivia por ser "una carta blanca para la impunidad"

MADRID, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Amnistía Internacional (AI) ha urgido este martes al Gobierno de la autoproclamada presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, a derogar el decreto 4078 que exime de responsabilidad penal a las fuerzas de seguridad que participen en "la conservación del orden público", por considerar que puede ser interpretado como "carta blanca para la impunidad".

El decreto 4078 dispone la participación de las Fuerzas Armadas en "la defensa de la sociedad y la conservación del orden público" para apoyar a la Policía, que se ha visto desbordada, y exime de responsabilidad penal a los militares que participen en esta tarea "cuando, en cumplimiento de sus funciones constitucionales, actúen en legítima defensa o estado de necesidad, en observancia de los principios de legalidad, absoluta necesidad y proporcionalidad".

La ONG ha expresado su "preocupación" porque "este decreto permite que las posibles violaciones de Derechos Humanos o los crímenes de Derecho Internacional cometidos por integrantes de las Fuerzas Armadas queden en la impunidad".

A este respecto, ha recordado que "las fuerzas de seguridad no solo deben rendir cuentas por sus acciones y omisiones a título individual, sino que también son responsables, inclusive penalmente, todos los superiores que dicten órdenes ilícitas, supervisen o manden y las controlen de algún otro modo".

"La altísima tensión social no puede ser una excusa para que las fuerzas de seguridad actúen contrariamente a los estándares internacionales de Derechos Humanos ni para fomentar una ola de odio y discriminación racial que ha emergido con fuerza en los últimos días", ha dicho la directora de AI para las Américas, Erika Guevara Rosas.

Guevara Rosas ha esgrimido que, precisamente porque "la grave crisis de Derechos Humanos que atraviesa Bolivia (...) se ha visto agravada por la intervención y el accionar de las fuerzas seguridad", "cualquier mensaje que indique carta blanca para la impunidad es gravísimo".

"Los nefastos precedentes históricos en la región respecto al rol de las fuerzas militares exigen máxima observancia y compromiso de respeto y protección de los Derechos Humanos", ha reclamado la jefa regional de Amnistía Internacional.

En concreto, ha apuntado a Jeanine Áñez, "quien se proclama presidenta interina", para recordar que "tiene la obligación de detener inmediatamente las violaciones a los Derechos Humanos" o, de lo contrario, "atenerse a rendir cuentas ante mecanismos nacionales e internacionales".

La ONG ha instado además a las autoridades bolivianas a "investigar, de manera pronta, exhaustiva e imparcial" las muertes que se han producido en el marco de las protestas postelectorales, más de 20, "al igual que las denuncias de violaciones de Derechos Humanos por parte de las fuerzas de seguridad y de actos de violencia por particulares".

Asimismo, ha recalcado que "es imprescindible garantizar que los periodistas y las personas defensoras de los Derechos Humanos puedan ejercer su importante y legítima labor libres de censura, estigmatización o ataques".

Por último, Amnistía Internacional ha denunciado que, "en el contexto actual, la población está viendo directamente afectados sus medios de subsistencia" porque "La Paz se encuentra cercada sin acceso a gasolina y gas, lo que ha generado escasez de alimentos, recrudeciendo la crisis".