MADRID, 1 Nov. (EUROPA PRESS) -
La ONG Amnistía Internacional (AI) ha alertado este viernes de que cientos de personas han sido detenidas en Turquía por criticar y oponerse a la ofensiva militar turca en el noreste de Siria.
En el informe 'No podemos quejarnos', la organización revela cómo la ofensiva lanzada el pasado 9 de octubre ha ido acompañada en Turquía de "una campaña de represión contra quienes se han mostrado contrarios a la versión oficial".
En este sentido, el texto señala que se ha acusado de "terrorismo" y sometido a investigaciones penales, detenciones arbitrarias y restricciones al viaje a periodistas, usuarios de redes sociales y manifestantes por dicho motivo. Si son procesadas y declaradas culpables, los arrestos podrían tener que cumplir largas penas de prisión, tal y como advierte Amnistía Internacional.
"A medida que los tanques avanzaban sobre la frontera siria, el Gobierno ha aprovechado la ocasión para emprender una campaña interna contra quienes expresan opiniones disidentes en los medios de comunicación, las redes sociales y la calle", ha manifestado la directora de AI para Europa, Marie Struthers.
En este sentido, ha resaltado que "el debate crítico sobre cuestiones de derechos de la comunidad kurda y de política resulta imposible de abordar, más aun que antes".
"El lenguaje utilizado para hablar de la incursión militar está fuertemente controlado, y centenares de personas que han expresado opiniones disidentes sobre la operación militar de Turquía han sido detenidas y están siendo objeto de investigación en aplicación de la legislación antiterrorista", ha sostenido.
MEDIDAS PARA SILENCIAR A PERIODISTAS
El 10 de octubre, un día después del inicio de la 'Operación Manantial de Paz', el órgano regulador en materia de radiotelevisión, RTÜK, advirtió a los medios de comunicación de que no se iba a tolerar en absoluto "ninguna comunicación que pudiera afectar negativamente la moral y la motivación de los soldados o inducir a engaño a la ciudadanía con información incompleta, falsa o parcial, que sirva para los fines del terror".
Ese mismo día se detuvo a dos periodistas. Hakan Demir, del diario 'Birgün', fue interrogado en relación con un tuit publicado en la cuenta oficial del medio, donde se señalaba que "aviones de combate turcos habían comenzado a efectuar ataques aéreos sobre zonas civiles".
Mientras tanto, Fatih Gkhan Diler, director editorial del sitio web de noticias Diken, fue arrestado por la publicación de un artículo con el titular 'Las Fuerzas Democráticas Sirias afirman que dos civiles han perdido la vida'. Ambos periodistas han sido acusados de "incitar a la enemistad y el odio" antes de ser puestos en libertad con la condición de no salir del país, a la espera del resultado de las investigaciones penales iniciadas en su contra.
Por otra parte, el 19 de octubre, a las 5.00 de la mañana (hora local), la Policía irrumpió en la casa de la periodista y defensora de los Derechos Humanos Nurcan Baysal, que ha contado a Amnistía Internacional que "30 agentes de Policía fuertemente armados y con la cara tapada asaltaron su casa y aterrorizaron a sus hijos".
"Simplemente por unos comentarios publicados en las redes sociales para pedir la paz, muestra el grado de represión a que está sometida la libertad de expresión en Turquía", ha expresado.
A su vez, la periodista zlem Oral fue detenida e interrogada acerca de dos tuits en contra de la operación publicados en una cuenta de Twitter que ni siquiera era suya. Quedó en libertad al día siguiente con la condición de no viajar al extranjero, presentarse periódicamente en una comisaría local y no salir de Estambul, donde vive.
El 27 de octubre, la abogada y columnista Nurcan Kaya fue detenida en el aeropuerto de Estambul por haber criticado la ofensiva al tuitear: "Sabemos por experiencia que todo lo que llaman operación de paz es una masacre". Kara fue puesta en libertad ese mismo día tras haber sido interrogada, pero sujeta a una prohibición de viaje.
Según Amnistía, la represión no ha ido dirigida sólo contra periodistas de Turquía. El 25 de octubre, los abogados del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, anunciaron que habían presentado una demanda contra el director y editor de la revista francesa 'Le Point' tras la publicación de un número donde se había utilizado en portada el titular 'Limpieza étnica: el método Erdogan' para informar de la ofensiva militar.
Los abogados afirmaban que la portada constituía un insulto al presidente, algo tipificado como delito en la legislación turca.
MEDIDAS CONTRA USUARIOS DE LAS REDES SOCIALES
El informe de Amnistía recoge que sólo en la primera semana de la ofensiva se abrieron investigaciones sobre 839 cuentas de redes sociales por "compartir contenido delictivo", tras lo cual 186 personas fueron puestas bajo custodia policial y 24 detenidas en espera de juicio, según cifras oficiales.
Un usuario de las redes sociales que fue detenido y acusado de "propaganda a favor de una organización terrorista" había retuiteado tres tuits, uno de los cuales rezaba: "Rojava (la zona autónoma kurda del norte de Siria) vencerá. No a la guerra". Al igual que otros, estos tuits no constituían ni por lo más remoto pruebas de ningún delito reconocido internacionalmente.
Se le prohibió viajar al extranjero y se le ordenó presentarse en una comisaría de policía local dos veces al mes. Un abogado ha explicado a Amnistía Internacional que "utilizar las palabras 'guerra', 'ocupación' o 'Rojava' se ha convertido en delito.
MEDIDAS CONTRA ACTIVISTAS Y FIGURAS POLÍTICAS
El Gobierno ha utilizado también la ofensiva como pretexto para intensificar la represión contra políticos de la oposición y activistas, según la organización, que ha señalado que varios miembros del Parlamento están siendo objeto en la actualidad de investigaciones, entre ellos Sezgin Tanrikulu, a quien se investiga por comentarios realizados en medios de comunicación, así como por un tuit en el que afirmaba que "los gobiernos deben saber que esto es una guerra injustificada, una guerra contra los kurdos".
Según profesionales del Colegio de Abogados de Sanliurfa, al menos 54 personas fueron puestas bajo custodia policial por agentes de los servicios antiterroristas en esta provincia turca el 9 y 10 de octubre. Entre ellas había miembros del prokurdo Partido Democrático de los Pueblos (HDP), así como de sindicatos izquierdistas de oposición.
Durante la primera semana de la ofensiva militar, al menos 27 personas, muchas de ellas afiliadas al HDP, fueron detenidas en la provincia de Mardin por cargos de terrorismo. Entre ellas se encontraba la alcaldesa de la localidad de Nusaybin. AI ha denunciado que el Gobierno la sustituyó posteriormente por el gobernador del distrito, que no había sido elegido democráticamente.
El 12 de octubre, la Policía advirtió a las Madres del Sábado --iniciativa de familiares de víctimas de la desaparición forzada que vienen celebrando vigilias pacíficas todos los sábados desde 2009 para recordar a sus seres queridos--, de que las dispersarían "si pronunciaban la palabra 'guerra'. La concentración fue disuelta con violencia en cuanto se leyó una declaración en la que se criticaba la operación militar.
"Desde el comienzo de la ofensiva militar, la ya arraigada atmósfera de censura y miedo de Turquía se ha intensificado aún más, con detenciones y cargos falsos, utilizados para silenciar a las pocas personas que se atreven a expresar cualquier forma de oposición o crítica contra la ofensiva", ha subrayado Struthers.
"Las autoridades turcas deben dejar de silenciar las opiniones que no les gustan y poner fin a la represión. Tienen que suspender de inmediato todos los procesamientos iniciados contra personas detenidas por la expresión pacífica de su oposición a las operaciones militares de Turquía y retirar todos los cargos contra ellas", ha insistido.