Publicado 14/05/2019 18:24

Amnistía pide que el Gobierno de Maduro rinda cuentas por los posibles crímenes de lesa humanidad cometidos

Crisis in Venezuela
Jhonn Zerpa/Prensa Miraflores/dp / DPA

   Propone la creación de una comisión de investigación en el Consejo de DDHH y que los países ejerzan la jurisdicción universal

   MADRID, 14 May. (EUROPA PRESS/Notimérica) -

   El Gobierno de Nicolás Maduro ha llevado a cabo ejecuciones extrajudiciales selectivas, detenciones arbitrarias y muertes y lesiones por uso excesivo de la fuerza en Venezuela desde al menos 2017 que podrían constituir crímenes de lesa humanidad y por los que debe rendir cuentas, ha sostenido Amnistía Internacional.

   Desde hace años, ha subrayado la directora para las Américas de la ONG, Erika Guevara Rosas, Amnistía ha venido denunciando que "en Venezuela hay una política sistemática de represión en contra de personas opositoras o quienes son percibidas como tales simplemente por el hecho de protestar, por la que el Gobierno de Nicolás Maduro tendrá que rendir cuentas ante la justicia internacional".

   En este sentido, con motivo de la publicación del informe 'Hambre de justicia: Crímenes de lesa humanidad en Venezuela sobre los hechos ocurridos a finales de enero de 2019', ha hecho un llamamiento "urgente a todos los estados para que demuestren su respaldo inequívoco a las víctimas de estos hechos y no dejen impunes estos crímenes".

   "La comunidad internacional no puede dar la espalda a las víctimas de esta crisis sin precedentes, tanto dentro como fuera de Venezuela", ha defendido Guevara Rosas. La ONG ha recordado que como resultado del grave deterioro de las condiciones de vida, más de 3,7 millones de venezolanos han abandonado el país.

   Según Amnistía, que llevó a cabo una misión de investigación en febrero en el país, del 21 al 25 de enero al menos 47 personas murieron en el marco de las protestas contra el Gobierno de Maduro, todas por arma de fuego.

   De ellas, al menos 33 murieron a manos de agentes de las fuerzas del Estado, y seis fueron asesinados por terceros actuando con la aquiescencia de las autoridades durante las manifestaciones. Además, once de las muertes fueron ejecuciones extrajudiciales, seis de los casos fueron documentados en profundidad por la ONG.

   De acuerdo con el informe, los crímenes de Derecho Internacional y violaciones de Derechos Humanos cometidos en enero en torno a la autoproclamación como presidente encargado del titular de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, "fueron llevados a cabo consistentemente en casi todo el país, con un alto nivel de articulación entre los cuerpos de seguridad a nivel nacional y estatal".

   "No sucedieron al azar ni de forma aislada, sino que formaron parte de un ataque previamente planeado y dirigido por las fuerzas de seguridad en contra de personas identificadas o percibidas como opositoras, particularmente en zonas altamente marginalizadas, con la finalidad de neutralizarlas o eliminarlas", ha denunciado la ONG.

MADURO SABÍA DE LOS ABUSOS Y NO HIZO POR IMPEDIRLOS

   En este sentido, ha subrayado que las autoridades hasta el más alto nivel, incluido Maduro, supieron de estos "hechos públicos y notorios, y no tomaron las medidas necesarias para impedirlos ni para investigarlos", de ahí el que Amnistía considere que "el encubrimiento de estos hechos y otros subsecuentes ha sido parte de la política de represión".

   La ONG ha constatado en los sucesos de enero indicios de patrones similares a lo ocurrido en 2014 y 2017, cuando el Gobierno también reprimió con virulencia las protestas opositoras, por lo que ha llegado a la conclusión de que "podrían haberse cometido crímenes de lesa humanidad" si bien sostiene que esto es algo que debe determinar "una instancia judicial independiente e imparcial".

   Por ello, ha recomendado la creación de una comisión de investigación en el marco del Consejo de Derechos Humanos de la ONU durante su próximo periodo de sesiones que arranca en junio, así como la activación de la jurisdicción universal por parte de aquellos países genuinamente preocupados por la situación en el país.

   Asimismo, ha defendido que la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional (TPI), que lleva a cabo un examen preliminar sobre Venezuela desde principios de 2018, considere y estudie los hechos.

EN VENEZUELA HAY "HAMBRE DE JUSTICIA"

   "Ante las graves violaciones de Derechos Humanos, la falta de acceso a medicinas y alimentos y la violencia generalizada en Venezuela, hay una imperiosa hambre de justicia", ha resaltado Guevara Rosas, defendiendo que "los probables crímenes de lesa humanidad que las autoridades han cometido no pueden quedar impunes".

   "Mientras no existan caminos claros hacia la verdad, la justicia y la reparación, Venezuela seguirá hundida en esta gravísima crisis de Derechos Humanos y de represión que hemos observado desde hace tiempo. Lo ocurrido a inicios de 2019, y más recientemente a finales de abril, es una muestra de ello", ha remachado.