Insiste en derogar la JEP y reformar los acuerdos de La Habana
MADRID, 12 Oct. (EUROPA PRESS) -
El expresidente de Colombia Álvaro Uribe ha asegurado este lunes tras ser puesto en libertad que tanto él como su familia "han sido sometidos al mayor escrutinio político y judicial del país" y ha recalcado que "mantendrá la lucha por su honorabilidad".
En un mensaje desde su vivienda de El Ubérrimo, Uribe ha destacado que, en materia política, "la resignación no es una de sus opciones", si bien ha admitido que su comportamiento es "controvertido, altivo".
"Mi vida pública ha generado mucha controversia, pero carezco de voluntad para dejar de pensar en Colombia. No puedo renunciar a advertir las amenazas que nos acechan", ha lamentado en una declaraciones que han sido retransmitidas a través de Facebook. "Mi carrera ha sido disciplina, trabajo y austeridad", ha defendido.
El exmandatario, que ha sido liberado después de que el tribunal de control de garantías de Bogotá resolviera que no podía permanecer bajo arresto domiciliario sin estar imputado, ha acusado a la Fiscalía de actuar con "rabia" contra "compañeros de acción política, su familia y su persona".
Así, ha vuelto a arremeter contra el senador del Polo Democrático Iván Cepeda, al que acusa de "perseguirlo judicialmente" y ha criticado las decisiones tomadas por el Tribunal Supremo.
Uribe, que no ha mencionado directamente al expresidente Juan Manuel Santos, ha criticado al anterior Gobierno colombiano y ha aseverado que las consecuencias del "sistema judicial heredado" de la anterior Administración "consagró impunidad total a atrocidades como el secuestro y la violación de menores".
"La verdad se ha convertido en una premeditación para ligar los hechos con el interés político, las víctimas siguen burladas y parece que su único camino sea mendigar recursos del Estado", ha dicho.
DEROGACIÓN DE LA JEP
En este sentido, ha instado a derogar la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) y a reformar los acuerdos de paz alcanzados en La Habana durante el Gobierno de Santos. "Debemos insistir en su derogación (...) salvando el apoyo a los reinsertados de buena fe", ha manifestado el antiguo mandatario.
Sobre la reforma de los acuerdos ha asegurado que será "más difícil lograr un acuerdo con otras agrupaciones criminales como el Ejército de Liberación Nacional (ELN)". "No podemos permitir que el narcoterrorismo y el proyecto socialista anule las capacidades colombianas", ha expresado.
Uribe, bajo detención domiciliaria desde el 4 de agosto por un fallo del Tribunal Supremo, en calidad de senador, está siendo investigado desde el año 2018 a través de la Ley 600 por un supuesto delito de manipulación de testigos, al sobornar a un grupo de presos paramilitares para que no testificasen en su contra.
Sin embargo, después de que Uribe renunciara a su escaño, el fiscal Gabriel Ramón Jaimes Durán ha defendido que la ley 600, que rige para juzgar de los miembros del Congreso, es incompatible con la legislación 906 de la justicia ordinaria, pues "no es lo mismo la indagatoria que la imputación de cargos".
Esa indagatoria a la que hace referencia sólo es equiparable a un interrogatorio, por lo que Uribe debe ser procesado en libertad, ya que no se han presentado cargos en su contra. Por ello, la Fiscalía solicitó su puesta en libertad, para garantizar su derecho a la defensa.