Publicado 27/02/2020 16:50

AMP.- Colombia.- Bachelet denuncia "los altos niveles de violencia" y urge a abordar las "causas estructurales"

Colombia expresa su "preocupación y extrañeza" por considerar que el informe de Bachelet excede su mandato

MADRID, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ha denunciado este jueves "la persistencia de los altos niveles de violencia" en Colombia, indicando que solo en 2019 se registraron 36 masacres, por lo que ha instado al Gobierno a abordar las "causas estructurales" y perseguir a los "autores intelectuales".

"En 2019, mi Oficina observó la persistencia de altos niveles de violencia que generaron graves violaciones a los Derechos Humanos, incluyendo 36 masacres", ha dicho Bachelet en el marco del 43 periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

La ex presidenta chilena ha denunciado en concreto que "defender los Derechos Humanos sigue siendo una labor de alto riesgo en Colombia". Solo el año pasado, la ONU documentó 108 asesinatos de activistas y, hasta el 19 de febrero, se han sumado otros cuatro casos mientras que 31 están en proceso de verificación. La propia Bachelet ha advertido de que el balance real podría ser peor, apuntando a que "los números de la Defensoría del Pueblo (de Colombia) son aún más altos", con 134 casos.

Además, ha llamado la atención sobre el hecho de que "la mayoría de estas personas pertenecían a comunidades rurales y pueblos étnicos y fueron asesinadas por promover la implementación del acuerdo de paz en materia de restitución de tierras y substitución de cultivos ilícitos".

"Aliento al Estado a que aborde las causas estructurales de esta violencia, investigue estos ataques y sancione a los responsables --incluidos los autores intelectuales--", ha reclamado la jefa de Derechos Humanos de la ONU.

Bachelet también ha instado al Gobierno de Iván Duque a implementar "todos los aspectos del acuerdo de paz" firmado en 2016 con las FARC, en especial los aspectos relacionados con la reforma rural, "manteniendo como eje central los derechos de las víctimas".

A este respecto, ha querido destacar "el firme compromiso de la mayoría de los ex integrantes de las FARC con el proceso de paz". Los ex guerrilleros han sido otro blanco de la ola de violencia que sufre Colombia. En estos tres años, al menos 173 han sido asesinados, 77 de ellos en 2019.

No obstante, ha valorado "los avances del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición", animando a consolidarlos, así como la renovación del acuerdo entre su oficina y Colombia para "seguir apoyando los esfuerzos para consolidar la paz y promover el pleno goce de los Derechos Humanos".

El acuerdo de paz ha provocado, paradójicamente, una nueva ola de violencia en Colombia debido, sobre todo, a la pugna entre grupos rivales por el control del territorio y de los antiguos negocios de las FARC, como el narcotráfico, la minería ilegal y la extorsión.

Por último, Bachelet ha expresado su preocupación por "el uso del Ejército en situaciones relacionadas con la seguridad ciudadana, incluida la protesta social" y ha instado a la Fiscalía a seguir investigando las presuntas violaciones a los Derechos Humanos cometidas en la represión de las mismas.

Desde el año pasado, Colombia es escenario de fuertes manifestaciones con demandas que van desde la implementación del acuerdo de paz a la calidad de la educación pública. Al menos tres personas murieron y unas 250 resultaron heridas por los choques con las fuerzas de seguridad.

"PREOCUPACIÓN Y EXTRAÑEZA"

El Ejecutivo de Iván Duque ha reaccionado expresando su "preocupación y extrañeza" porque considera que el informe de Bachelet contiene "apreciaciones que exceden el mandato definido en el acuerdo suscrito entre Colombia y la Oficina de la Alta Comisionada", según ha informado el Ministerio de Exteriores en un comunicado.

La Cancillería ha reprochado a Bachelet que "no ha presentado un informe integral y actualizado, enfocado a construir sobre la base de un diagnóstico objetivo e imparcial de los logros y retos existentes".

La diplomacia colombiana ha observado "con preocupación" que la jefa de Derechos Humanos de la ONU "plantee consideraciones que rayan en opiniones políticas, así como apreciaciones y conclusiones que exceden su campo de acción".

"Más grave aún es que el informe presente en varios apartes supuestos casos delictivos o presuntas conductas que exceden estándares internacionales, que la oficina (de Bachelet) ha 'documentado' y que no han sido informados al Gobierno", ha señalado, apostillando que "lo mínimo esperable era una denuncia ante las autoridades competentes".

"Se encuentran incluso calificaciones sobre la Fuerza Pública y otras valoraciones penales sobre conductas que corresponde conocer a los jueces y que son objeto de investigación judicial, ha añadido.

La Casa de Nariño ha lamentado que la Alta Comisionada no mencione "los progresos nacionales en materia de derechos políticos, económicos, sociales y culturales", entre los que ha resaltado la participación de la FARC, el partido nacido de la guerrilla, en las elecciones locales y regionales y la reducción de la pobreza.

En lo tocante al proceso de paz, ha reprochado a Bachelet que "no refleja los avances de la política de paz con legalidad y en la implementación de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial, que con visión de largo plazo vienen generando resultados". "Ignorar esos progresos (...), genera en la comunidad internacional apreciaciones sesgadas sobre el compromiso del país en este tema", ha alertado.

Colombia también ha expresado su malestar porque "el informe tampoco hace mención alguna al impacto de la migración venezolana", reiterando que los 1,7 millones de venezolanos que han llegado a Colombia huyendo de la crisis política y humanitaria en su país implican "grandes desafíos" a los que Bogotá ha dado una "respuesta comprometida".

Asimismo, se ha molestado porque, "aunque el informe reconoce que el 98 por ciento de los asesinatos de defensores de los Derechos Humanos ocurren en zonas con presencia de economías ilícitas y del ELN, y solicita incrementar la cooperación internacional para fortalecer los mecanismos de protección adoptados por Colombia, evita expresar censuras contra el ELN" y otros grupos armados y "sus crueles atentados".

Frente a todo ello, Colombia ha ratificado su "firme decisión" de "promover y proteger los derechos de todas las personas en su territorio", lo cual implica "tolerancia cero frente a toda posible violación".

Además, y a pesar de estas críticas, ha reafirmado la importancia de seguir cooperando con la oficina de Bachelet, aunque siempre en el marco de su mandato y para fortalecer "las capacidades nacionales, propósito que solo se cumple sobre la realización de diagnósticos objetivos e integrales".