El abogado de Humberto Moreira destaca que no hay indicios de blanqueo y que la investigación se ha acreditado "estéril"
MADRID, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha decretado la puesta en libertad del expresidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) de México Humberto Moreira y le ha impuesto como medidas cautelares la prohibición de abandonar España y la retirada del pasaporte, porque la investigación sobre un posible delito de blanqueo de capitales ha resultado "estéril".
El magistrado ha adoptado esta decisión tras tomar declaración al exmandatario mexicano en una comparecencia en la que la Fiscalía Anticorrupción ha pedido mantenerle en prisión incondicional y la defensa ha solicitado dejar en libertad a Moreira porque los ingresos por valor de 200.000 euros que recibió en España fueron "absolutamente lícitos" como contraprestación al trabajo desarrollado en dos empresas.
El Juzgado Central de Instrucción número 1 remitirá el mandamiento de libertad a la cárcel madrileña de Soto del Real, donde se encuentra desde el pasado viernes después de que el juez José de la Mata decidiera enviarle a prisión mientras se hallaba realizando funciones de guardia en la Audiencia Nacional.
De la Mata destacó las sospechas de que el acusado pudo haber blanqueado un total de 199.079,48 euros durante su estancia en España, según reveló en el auto en el que le imputaba indiciariamente delitos de blanqueo de capitales, integración en organización criminal, malversación de caudales públicos y cohecho.
Sin embargo, el juez Pedraz considera "con toda rotundidad y claridad" que no hay indicios de la comisión de blanqueo ni otra infracción penal, puesto que la investigación desarrollada "desde 2013 a 2014 prácticamente ha resultado absolutamente estéril para encontrar pruebas incriminatorias", según ha explicado el abogado de Moreira, Manuel Ollé.
El letrado, que ha resaltado que el juez descarta también la relación de su cliente con el cartel mexicano de los Zetas, espera que el caso de Moreira sea archivado en los próximos días. La Fiscalia puede recurrir la decisión de Pedraz ante la Sala de lo Penal, que puede modificar la situación personal del acusado en este procedimiento, que se mantiene secreto.
En su comparecencia, la defensa de Moreira ha aportado abundante documentación, justificando la licitud de los movimientos bancarios y recordando que la investigación sobre una posible vinculación con los Zetas fue archivada en el país centroamericano.
DETENIDO EN EL AEROPUERTO DE BARAJAS
Moreira fue detenido el pasado viernes en el aeropuerto de Adolfo Suárez Madrid-Barajas por agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, que había seguido su rastro por ciudades como Tenerife o Salamanca, según informaron a Europa Press fuentes de la investigación.
De la Mata señaló en su resolución que la investigación ha determinado la existencia de cuatro ingresos a Moreira procedentes de dos sociedades denominadas Unipolares y Espectaculares del Norte y Negocios Asesoría Publicidad, así como un quinto por valor de 55.458,26 euros que realizó una persona física.
Durante su declaración ante el juez de guardia, Moreira señaló que las dos empresas son de su propiedad y que recibía los fondos, generados por la actividad de las mismas, con una "regularidad mensual". Esas transferencias, según su versión, tenía el objetivo de "atender su subsistencia y la de su familia durante su estancia en España mientras cursaba estudios de posgrado".
No obstante, De la Mata señalaba en su resolución que estas explicaciones "no justifican, por ahora, el monto total recibido ni los ingresos en efectivo por elevados importes ni las relaciones personales que se desprenden de las observaciones telefónicas practicadas".
Tras desgranar los indicios delictivos que existen contra el investigado, el juez justificó su ingreso en prisión con el argumento de que existe "un riesgo de fuga y de destrucción de pruebas".
Moreira, que fue gobernador del estado mexicano de Coahuila entre 2005 y 2011, dimitió en diciembre de ese último año como líder del principal partido de la oposición en el país centroamericano tras verse salpicado por un escándalo de corrupción mientras fue gobernador de Coahuila. Le acusaron de falsificar documentos en la contratación de deuda del estado, que se disparó un 344 por ciento hasta los casi 34.000 millones de pesos.