MADRID, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -
Las fuerzas leales al Gobierno de Bashar al Assad han seguido cometiendo este año crímenes contra la Humanidad en el marco de la guerra, según un nuevo informe de investigadores de la ONU que concluye no obstante que todos los actores implicados en este conflicto, iniciado en 2011, han cometido abusos de los Derechos Humanos.
La Comisión de Investigación ha detectado en su informe, de 25 páginas, patrones de abuso que, en el caso de las fuerzas del régimen, incluyen desapariciones, asesinatos, tortura, abusos sexuales y retención ilegal. "El continuado uso de estas prácticas aborrecibles ha exacerbado las tensiones con las comunidades en las provincias del sur, como Daraa y Suaida, lo que ha llevado a más enfrentamientos", ha dicho.
Asimismo, ha señalado que se ha registrado un aumento de los patrones de abusos contra mujeres y niñas, incluidos asesinatos y violencia sexual y de género, así como saqueos con tintes sectarios. "El sufrimiento de los civiles es un aspecto constante y personal de la crisis", ha añadido.
De esta forma, ha incidido en que "las desapariciones forzosas y la privación de la libertad sigue siendo instrumentalizada por prácticamente todas las partes para meter miedo y suprimir el disenso entre la población civil o simplemente para extorsionar y obtener beneficios financieros".
Al Ejército Nacional Sirio, una alianza rebelde respaldada por Turquía, los expertos internacionales le culpan de crímenes de guerra, entre ellos la utilización de la violación como forma de intimidación frente a la población kurda. En este sentido, han citado un caso en el que los milicianos obligaron a detenidos a mirar la violación en grupo de una menor.
Asimismo, ha dicho que en la región de Afrin y sus alrededores "muchos civiles han muerto y han resultado mutilados por artefactos explosivos de fabricación artesanal, así como en ataques con proyectiles y artillería". "Hombres, mujeres y niños han muerto comprando comida en mercados abarrotados", ha lamentado.
Los expertos, que denuncian también presiones sobre la población yazidí, han advertido de que los oficiales de las Fuerzas Armadas turcas podrían ser señalados como responsables de los crímenes cometidos por rebeldes bajo mando de Turquía.
Por otra parte, ha hecho hincapié en que las sanciones internacionales y la pandemia de coronavirus han recrudecido la crisis económica, en un momento en el que las condiciones de vida en el país "siguen siendo deplorables y en algunos casos están empeorando".
"El dramático aumento de aquellos que sufren inseguridad alimentaria en Siria en la primera mitad de 2020 es profundamente preocupante. Todas las barreras para la entrega de ayuda humanitaria deben ser retiradas", ha defendido Karen Koning abú Zayd, miembro de la comisión.
La comisión ha denunciado además que el internamiento de personas sospechosas de ser miembros del grupo yihadista Estado Islámico por parte de las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS) en las zonas de Siria controladas por las autoridades turcas "equivale a una privación ilegal de la libertad en condiciones inhumanas".
De esta forma, y tras reconocer la "complejidad" de la situación, ha argüido que "la privación de la libertad de civiles no puede continuar a perpetuidad", al tiempo que ha pedido a los países que acepten el regreso de sus ciudadanos que se unieron a Estado Islámico, especialmente a madres con sus hijos.
La comisión ha abogado por la liberación "inmediata y a gran escala" de prisioneros, especialmente ante la pandemia de coronavirus, y ha reclamado al Gobierno que "dé pasos urgentes y exhaustivos para revelar el destino de los detenidos o desaparecidos".
El presidente de la comisión, Paulo Pinheiro, ha solicitado "a todas las partes en conflicto" que sigan estas recomendaciones, "en particular en lo relativo a lograr una paz sostenible".
"Desde hace cerca de una década todos los llamamientos para proteger a mujeres, hombres, niños y niñas han sido ignorados. No hay manos limpias en este conflicto, pero el 'statu quo' no puede perdurar", ha remachado.