26 de febrero de 2020

AMP.- UE.- Bruselas avisa de que ligar las pensiones al IPC arriesga su sostenibilidad y perjudica a los jóvenes

Advierte de las consecuencias de revertir la reforma de 2013 sin medidas compensatorias "adecuadas"

BRUSELAS, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea ha advertido este miércoles de que vincular de manera permanente la revalorización de las pensiones a la evolución del IPC compromete la sostenibilidad del sistema a medio y largo plazo, al tiempo que ha subrayado que estas medidas favorecerían, sin medidas compensatorias, a los pensionistas actuales en detrimento de las nuevas generaciones.

Bruselas, en concreto, avisa en su informe sobre la economía española de las consecuencias que podrían tener los planes del Gobierno de Pedro Sánchez de ligar de manera permanente la evolución de las pensiones al IPC y "disociar" sus niveles a cambios en la esperanza de vida de la población española.

"Eliminar ambos elementos de la reforma de 2013 corre el riesgo de beneficiar a los pensionistas de hoy a expensas de las futuras generaciones, salvo que se adopten medidas de compensación", remarca el documento.

"Si los cambios con respecto a la reforma de las pensiones de 2013 se hicieran de forma permanente y sin medidas de compensación adecuadas, el gasto en pensiones crecería significativamente y empeoraría la equidad intergeneracional en el medio y largo plazo", añade.

El texto, de hecho, señala que incluso aplicando "totalmente" la reforma de 2013, los pensionistas españoles seguirían contando en el largo plazo con una tasa de sustitución superior a la de la media comunitaria.

En particular, los servicios del Ejecutivo comunitario calculan que vincular de nuevo las pensiones a la inflación "podría conducir a un incremento en el gasto en pensiones para 20050 de aproximadamente el 4% del PIB. Además abolir el factor de sostenibilidad sumaría "al menos" un 0,7% del PIB al gasto en pensiones en el largo plazo.

Esta advertencia sobre llega en una contexto marcado por la todavía "muy elevada" deuda pública española, cuyo ritmo de reducción se relentizará en los próximos años. En concreto, Bruselas prevé que cierre en el 2021 en un nivel equivalente al 96% del PIB.

A esto se suma el déficit público "persistentemente alto" y la razón principal es el "bajo" nivel de impuestos si se compara con el tamaño del gasto público. En consecuencia, el riesgo sobre la sostenibilidad fiscal general "sigue siendo importante en el medio y en el largo plazo".

ACABAR CON LOS TIPOS REDUCIDOS DEL IVA

En este contexto, los servicios económicos europeos recuerdan que España cuenta con unos ingresos fiscales en comparación con su PIB menor que otros Estados miembros. Así, mientras que en 2018 los ingresos representaban un 34,7% de la economía española, en la UE el porcentaje ascendía al 39,2% y en la eurozona al 40,6%.

Bruselas es consciente de que el nuevo Gobierno de coalición prevé aumentar la recaudación a través de un aumento del tipo efectivo en el impuesto de sociedades y un incremento de los tipos más altos del IRPF, así como a través de otros gravámenes como el impuesto digital o sobre las transacciones financieras.

Sin embargo, el documento remarca que el impacto de estas medidas todavía es desconocido y subraya tiene "espacio" para aumentar la recaudación a través del IVA, impuestos medioambientales o energéticos y gravámenes sobre la propiedad.

Es en este contexto en el que la Comisión insiste en una de sus tradicionales recomendaciones a España, país al que lleva años pidiendo que reduzca el "extensivo" uso de tipos reducidos y superreducidos en el impuesto del IVA.

"Aunque los tipos reducidos en España tienen cierto efecto progresivo de media, sobre todo por los tipos sobre los alimentos, los tipos más bajos en muchos productos son de hecho regresivos", defienden las autoridades comunitarias, que ponen el acento en los restaurantes y los hoteles.

Con respecto a los impuestos medioambientales, Bruselas señala que en España están "todavía por debajo de la media europea" a pesar de los incrementos registrados en los últimos años: representan el 1,8% del PIB español frente al 2,4% de la UE.