LIMA, 31 Mar. (Notimérica) -
La primera ministra de Perú, Ana Jara, ha sido censurada por el Congreso este lunes, con 72 votos a favor, 43 en contra y dos abstenciones, a través de una moción de censura presentada por su supuesta implicación en un caso de espionaje protagonizado por la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI). El conocido como caso 'DINI' ha implicado al Gobierno como parte de una trama de espionaje a militares, policías, políticos y periodistas.
Este lunes por la mañana, horas antes de aprobarse su moción de censura, Jara concedió una entrevista a la radio peruana RPP, en la que manifestó: "Siento que no me merezco una censura". "Una censura es una sanción frente a la mala 'performance' ['gestión'] de un político, y creo que yo me he esforzado por hacer una labor de primer ministro, de articulador, y ayudar al presidente en la gestión pública".
Sin embargo, el pleno del Congreso de la República censuró el lunes por la noche a Jara, a quien responsabilizaron políticamente por los más de 100.000 rastreos que la DINI realizó durante casi cuatro años. No solo Jara debe dejar el Ejecutivo, sino también todos los integrantes de su equipo ministerial, según ha publicado el diario peruano 'El Comercio'.
Tras conocer su censura, Jara publicó en su cuenta en la red social Twitter, @anajarav: "Doy gracias al Señor Jesús por haberme dado la oportunidad de servir a mi país desde el Ejecutivo. Es una honra que este Congreso me censure".
La trama del caso DINI comenzó el 18 de enero de 2011, en la etapa final del Gobierno de Alan García, y continuó hasta el 10 de febrero de 2015, un día antes de la suspensión temporal de la DINI. Durante todo ese tiempo, miembros de la DINI investigaron a diversas personalidades.
Es el caso de la suboficial técnico superior del Ejército en retiro, Rosendo Francisco Chávez Rojas, que confesó haber investigado durante meses las propiedades de militares, policías, políticos de diversas bancadas, empresarios y periodistas. Sólo durante este periodo, Rojas realizó 100.544 búsquedas en la base de datos, según publicó la revista 'Correo Semanal'.
Con el inicio del Gobierno de Ollanta Humala se incrementó la cantidad de búsquedas que abarcaron, desde políticos de diferentes bancadas (incluyendo el partido del Gobierno, el Partido Nacionalista) hasta empresarios, periodistas y otras figuras públicas. Toda la información fue recolectada en "carpetas de información básica" que contenían los antecedentes penales, policiales y médicos de los investigados.
LA IMPLICACIÓN DE LA PRIMERA DAMA
La primera dama de Perú, Nadine Heredia, también fue acusada de haber espiado a miembros del propio partido, después de que desde los medios de comunicación se apuntase a una conspiración contra la vice presidenta, Marisol Espinoza, y la primera ministra, Ana Jara. Supuestamente, el Gobierno habría ordenado a la DINI espiar a miembros del partido.
Hace un año la popularidad de Heredia hacía que se perfilase incluso como una posible sucesora en la Presidencia, pero ahora pasa por su peor momento. Mientras en febrero de 2014 gozaba de un 40 por ciento de respaldo a su gestión, según un sondeo de la consultora Ipsos-Apoyo, ahora sólo tiene un 16 por ciento, la cifra más baja desde que su marido llegó al Gobierno en 2011, según ha publicado el diario peruano 'La Tercera'.
Heredia acumula más denuncias y está siendo investigada por dos delitos, presunto lavado de activos y corrupción. El primero había sido investigado y archivado en 2009 pero se presentaron nuevas pruebas a finales de febrero, mientras que el segundo comprende los delitos de colusión, tráfico de influencias y asociación ilícita para delinquir en agravio del Estado y fue denunciado a principios de febrero.
Ante las denuncias contra su esposa, Humala ha acusado a sus ex compañeros de partido de ser los responsables. La división del Partido Nacionalista se hizo evidente tras la derrota en el Congreso este enero, cuando se derogó la ley laboral juvenil, considerada como abusiva por la oposición y que tanto Heredia como Humala defendieron hasta el final. Esto incrementó las presiones para un cambio de gabinete que se concretó en febrero.