BRASILIA, 14 Sep. (Notimérica) -
Los analistas políticos Santiago García y Francisco Sierra cuestionaron la legitimidad de la destitución de la ya expresidenta Dilma Rousseff en Brasil, que se produjo el pasado 31 de agosto y supuso la culminación del juicio político por su presunta implicación en la manipulación de cuentas públicas.
"Dos cosas son distintas, una es la legitimidad y otra la legalidad. El impeachment es parte del ordenamiento jurídico, se puede hacer, pero la legitimidad es lo que debatimos en el sentido de que se estira al máximo la parte legal, no se comprobó un delito, pero se le sacó. Pasa de lo legal a la legitimidad y se comieron 54 millones de votos --con los que Dilma llegó al poder--", señaló García, un docente investigador del Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN) a la agencia 'Andes'.
Por su parte, el director del Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina (Ciespal), Francisco Sierra señaló que tras la asunción de Michel Temer como presidente se está aplicando un "programa conservador y medidas económicas que podrían agotar a la población".
Además, Sierra prevé que si no hay una persecución judicial contra el expresidente Lula Da Silva se podría conformar una gran fuerza política de cara a las elecciones de 2018 de los partidarios de Dilma, debido a la "indignación de la gente en todos los ámbitos" con Temer.
Por su parte, el Gobierno de Temer ya envió una propuesta de enmienda constitucional para limitar por 20 años el gasto público al aumento de la inflación, lo que conlleva recortes en sanidad y educación.
Asimismo, Temer también dará el primer paso de su programa para reducir la presencia estatal en la economía, con anuncios de concesiones en infraestructuras, a lo que llamo "la desestatización" de Brasil y comenzará por unos 6.000 millones de dólares.
"La población es consciente de lo que está en juego, las primeras medidas de Temer han sido justamente en contra de derechos conquistados y cuestionando procesos que han sacado de la pobreza a millones de brasileños, como el programa Bolsa Familia, y ha habido recortes en investigación y desarrollo", agregó Sierra.
Las reformas en los sistemas sanitarios y de trabajo, todavía no divulgadas oficialmente, serían el aumento de la edad de jubilación y la flexibilización de las jornadas laborales, que podrían llegar hasta 12 horas, son temas sensibles en la población.
García consideró que el impacto de la situación en Brasil, la primera economía de América Latina y novena economía mundial --que cuenta con una población de 200 millones de habitantes--, es cualitativo en política regional y cuantitativo en la economía frente a países vecinos como Argentina, Uruguay y Paraguay.
En referencia al ámbito político, el impacto afecta al proceso de "integración diferente" que impulsaba Brasil desde el Gobierno de Lula y después con Dilma a nivel de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur).
La destitución de Dilma deja como mensaje a los gobiernos progresistas la necesidad de realizar un trabajo de concienciación y movilización ciudadana que permita defender las políticas sociales, según el analista García.