24 de febrero de 2006

Argentina.- Argentina advierte al BM sobre las papeleras y le dice que debe financiar sólo proyectos no contaminantes

BUENOS AIRES, 24 Feb. (Del corresponsal de EUROPA PRESS Rafael Saralegui) -

El ministro de Exteriores de Argentina, Jorge Taiana, envió una carta al Banco Mundial (BM) en la que recordó a la entidad su compromiso de financiar solamente proyectos "ambientalmente responsables", al referirse al conflicto por la instalación de dos plantas productoras de celulosa en la ciudad uruguaya de Fray Bentos.

La carta de Taiana al presidente del BM, Paul Wolfowitz, fue cursada cuando se espera próximamente un informe de la Corporación Financiera Internacional --dependiente del Banco Mundial-- sobre el impacto ambiental de las dos plantas de celulosa, que Argentina cuestiona por su potencial efecto dañino sobre el medio ambiente.

"Confío en que el informe final recogerá las inquietudes argentinas", expresó Taiana en su carta a Wolfowitz, en la que agregó que espera que la Corporación tome "una decisión compatible con las políticas del Banco Mundial, a favor de proyectos que aseguren un desarrollo industrial limpio y sustentable".

Mientras tanto ayer la Cámara de Diputados, como antes lo había hecho la Cámara de Senadores, aprobó una declaración de apoyo a la anunciada decisión del Gobierno argentino de recurrir a la Corte Internacional de La Haya para pedir que se suspenda la construcción de las plantas, hasta que se demuestre que no son contaminantes.

Según Taiana, Uruguay "ignoró los pedidos argentinos para que se suspenda la construcción de las plantas, a fin de que pueda determinarse, de manera objetiva y fehaciente, el impacto ambiental acumulado de las fábricas sobre el ecosistema asociado del Río Uruguay".

Los vecinos de la provincia argentina de Entre Ríos mantienen cortados dos de los tres puentes internacionales que llevan a Uruguay, lo que ha provocado que el presidente del país, Tabaré Vázquez, presentara una reclamación a su homólogo argentino, Néstor Kirchner.

Uruguay resolvió recurrir ante el Mercosur --que los dos países integran como miembros fundadores-- y la Organización de Estados Americanos (OEA) para protestar por los cortes de carreteras con el argumento de que perjudican seriamente a su economía.