BUENOS AIRES, 24 Abr. (Del corresponsal de EUROPA PRESS Rafael Saralegui) -
El último ex dictador argentino, el general Reynaldo Bignone, y otros seis militares se enfrentarán a un juicio oral y público tras haber sido acusados de perpetrar un plan para apropiarse de los hijos de detenidos alojados en centros clandestinos de detención.
Así lo resolvió el juez federal Guillermo Montenegro al dar por cerrada la instrucción del sumario iniciado por una denuncia de las Abuelas de Plaza de Mayo hace once años. Ahora la causa será sorteada para que se designe un tribunal oral que realizará el juicio, probablemente el año próximo.
Las Abuelas de Plaza de Mayo denunciaron que la dictadura militar elaboró un plan para apropiarse de forma sistemática de los menores nacidos en cautiverio para alejarlos de sus familias y entegarlos en adopción en forma irregular.
Los ex militares que serán juzgados por "sustracción, retención y ocultación de menores y sustitución de identidad" son Bignone, Cristino Nicolaides (ex jefe del Ejército) y Rubén Franco (ex jefe de la Armada), además de los ex represores Jorge Acosta, Santiago Omar Riveros, Antonio Vañek y Héctor Febres.
"Los sucesos forman parte de una maniobra criminal cuidadosamente diseñada y en virtud de la cual aún se encuentran desaparecidas, al menos, alrededor de doscientas personas", sostuvo el juez Montenegro en su resolución.
"Se pretendió revestir de legalidad todo el accionar desplegado por las Fuerzas Armadas durante el llamado Proceso de Reorganización Nacional, justificando y proporcionando la llamada garantía de impunidad inherente a la esencia de la práctica criminal", añadió la resolución.
El juez Montenegro dio por probado que las maternidades clandestinas funcionaron en el Casino de Oficiales de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), en Campo de Mayo y en otros centros clandestinos conocidos como Vesubio, Automotores Orletti y La Cacha.