Actualizado 19/06/2013 14:21

Argentina.- Chile extraditará a un juez argentino acusado de no investigar los delitos durante la dictadura


BUENOS AIRES, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El juez de la Corte Suprema de Chile, Sergio Muñoz, ha tomado la decisión de extraditar, aceptando la petición y las pruebas de la Justicia argentina, al exjuez Otilio Romano, de la ciudad de Mendoza, para ser juzgado en Argentina, acusado por no investigar los delitos de lesa humanidad durante la dictadura.

Según ha informado la agencia oficial argentina Telam, hace un mes, la fiscal de la Corte Suprema de Chile, Mónica Maldonado, entregó su informe al juez Muñoz, respecto a la viabilidad de la extradición de Romano, y en él señaló que "hay presunciones fundadas de la participación (de Romano) en los hechos, y existe mérito suficiente para presumir la participación del requerido en los hechos investigados".

La fiscal llegó a esta conclusión después de analizar la imputación a Romano de la Justicia argentina, por la privación ilegítima de libertad de 34 personas, privación de libertad de 26 personas, torturas respecto a 36 personas y allanamiento ilegal en cuatro casos.

Fuentes judiciales precisaron que aunque el fallo de Muñoz deberá ser revisado por la Sala Penal del máximo tribunal de Chile, "este no es más que un mero formalismo", según ha señalado la agencia 'Telam'.

Romano huyó a Chile en 2011, tras ser destituido del Consejo de la Magistratura. Allí pidió asilo político, el cual se le negó, y actualmente permanece bajo arresto domiciliario en la localidad de Reñaca.

El juez Adalís Oyarzún instruyó el proceso desde el principio en contra de Romano, sometiéndolo a extensos interrogatorios, pasando la causa más tarde al juez Muñoz.

En la ciudad argentina de Mendoza, Romano no es el único juez que deberá enfrentar un juicio por delitos de lesa humanidad, ya que en la lista se encuentran también Luis Miret, Guillermo Max Petra Recabarren, Rolando Evaristo Carrizo y Gabriel Guzzo.

En el caso de Miret y Romano, ambos fueron destituidos por el Consejo de la Magistratura, después de que éste considerara que no eran aptos para seguir ocupando sus cargos tras las denuncias por delitos de lesa humanidad.