BUENOS AIRES, 7 Ago. (Del corresponsal de EUROPA PRESS Rafael Saralegui) -
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) resolvió admitir una denuncia por violación de la independencia judicial en la provincia de San Luis realizada por tres juezas que fueron destituidas de sus cargos por haber investigado casos de corrupción de funcionarios provinciales.
La CIDH admitió la presentación de denuncia realizada por las ex juezas Adriana Gallo, Ana María Careaga y Silvia Christin de Maluf, quienes fueron relegadas de sus cargos tras enfrentarse con el Poder Ejecutivo provincial, según informó el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que realizó la presentación ante la CIDH en el año 2003 junto con el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y el estudio jurídico Wortman Jofré - Isola.
"Gallo y Careaga fueron removidas en 1998 y Christin de Maluf en 2002, luego de negarse a rechazar casos de corrupción que involucraban al poder político local y pronunciarse en contra del avasallamiento sufrido por la Justicia en la provincia", informó el CELS.
Las destituciones se produjeron mediante juicios políticos en los que se cometieron graves violaciones contra garantías elementales, como el derecho a contar con un juez neutral y un tribunal imparcial, agregó el organismo de defensa de los derechos humanos.
El director ejecutivo del CELS, Gastón Chillier, dijo que "el caso de las tres juezas es paradigmático porque muestra la falta de independencia judicial en la provincia. La administración de Justicia en San Luis quedó sometida al poder político desde mediados de la década del '90, mediante la sanción de una serie de leyes que modificaron el sistema de ingreso y egreso del Poder Judicial".
Chillier aclaró que "la crisis de la Justicia no es un problema exclusivo de San Luis, sino que se trata de una debilidad característica de la realidad institucional de muchas provincias argentinas".