BUENOS AIRES, 14 Jun. (EUROPA PRESS) -
La Corte Suprema de Argentina ha admitido a trámite el recurso de 'per saltum' presentado por el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner contra la declaración de inconstitucionalidad de la elección popular de los miembros del Consejo de la Magistratura.
El pasado miércoles, la jueza electoral María Romilda Servini de Cubría declaró inconstitucional la elección popular de los miembros del Consejo de la Magistratura, el punto clave de la reforma judicial impulsada por el Gobierno de Fernández de Kirchner.
En respuesta, el ministro de Justicia, Julio Alak, anunció que el Gobierno presentaría un 'per saltum' para apelar directamente a la Corte Suprema al considerar que hay "gravedad institucional", requisito indispensable para usar este recurso.
El alto tribunal ha considerado "admisible" la vía del 'per saltum' por "razones de urgencia" y ha ordenado suspender la aplicación del fallo de la jueza electoral hasta que resuelva este asunto, según ha informado la agencia de noticias Télam.
El 'per saltum' ha permitido al Gobierno saltarse la instancia de la Cámara Nacional Electoral y acortar así un proceso judicial que se preveía largo debido a la controversia que ha suscitado la elección popular de los miembros del Consejo de la Magistratura.
De esta forma, en las próximas 48 horas las partes y la Procuración General de la Nación deberán hacer sus alegaciones y, de acuerdo con fuentes judiciales, la Corte Suprema debería estar en condiciones de fallar entre el lunes y el martes.
El fallo de Servini de Cubría supone un varapalo para el Gobierno, ya que ha defendido firmemente la necesidad de elegir en las urnas a los miembros del Poder Judicial e incluso había convocado a elecciones, a pesar de que la nueva ley estaba en los tribunales.
El 'kirchnerismo' se ha enfrentado a una gran oposición en el Congreso, donde ha conseguido sacar adelante esta reforma judicial tras largos e intensos debates, pero también internacional, ya que Naciones Unidas ha pedido al Gobierno argentino que la reconsidere porque "compromete seriamente los principios de separación de poderes".