BUENOS AIRES, 21 Feb. (Del corresponsal de EUROPA PRESS Rafael Saralegui) -
La Corte Suprema de Justicia de Argentina se declaró "incompetente" para intervenir en el conflicto del país con Uruguay por la instalación de dos plantas productoras de celulosa en la ciudad uruguaya de Fray Bentos, sobre el río Uruguay que comparte con el país vecino, según informaron fuentes judiciales.
El máximo tribunal del país descartó intervenir en el conflicto al rechazar una demanda que fue presentada por el gobernador de la provincia argentina de Entre Ríos, Jorge Busti. La causa deberá volver ahora al juzgado federal de Concepción del Uruguay, que había intervenido al comienzo.
El gobernador Busti denunció a las empresas que intervienen en la construcción de las papeleras, Botnia y la española Ence, por contaminación "en grado de tentativa" de la zona. El procurador ante la Corte, Esteban Righi, señaló que la Corte es incompetente para tratar el caso por una cuestión de territorialidad, ya que las plantas están en territorio uruguayo. Ese fue el planteamiento que finalmente aceptó el máximo tribunal.
El procurador había dicho que "la conducta a investigar se estaría desarrollando fuera de la jurisdicción territorial argentina" y que "podrían resultar imputados funcionarios de la administración pública uruguaya, en cuanto permitieron, habilitación mediante, tales emplazamientos fabriles vulnerando normas del propio derecho interno e internacional".
En su dictamen, el jefe de todos los fiscales sostuvo además que "los extremos invocados en apoyo de la competencia originaria son, al menos, prematuros e inconsistentes", por lo que no corresponde tramitar el caso en la Justicia argentina.
La demanda fue promovida por Busti ante el juez federal de la localidad entrerriana de Concepción del Uruguay, Guillermo Quadrilli, quien se declaró incompetente y elevó el caso a la Corte Suprema de Justicia.
El ministro argentino de Asuntos Exteriores, Jorge Taina, adelantó que el Gobierno estudia denunciar a Uruguay ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, para pedir que intervenga en el conflicto y ordene la suspensión de la construcción de las plantas hasta que haya sido zanjado el desacuerdo entre ambos países.