BUENOS AIRES, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -
La presidenta argentina, Cristina Fernández, firmó este miércoles la polémica Ley de Medios Audiovisuales que servirá "para que todas las voces tengan la posibilidad de expresarse libremente", al tiempo que "clausura otra etapa de la dictadura" al sustituir la norma anterior aprobada en 1980.
La mandataria firmó este miércoles sendos decretos para poner en marcha la Autoridad Federal de Aplicación de la ley, en la que también estará representada la oposición, así como la creación de la Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado, previstos en la ley, informa la agencia de noticias Télam.
"Esto que hemos logrado ha sido más que una sanción de una Ley, ha sido una profunda batalla cultural que había instalado que no era posible resistir la presión mediática de los grandes monopolios para poder llevar adelante esto", aseguró Fernández desde el Teatro Argetino de la Plata.
La Autoridad Federal de Aplicación de la ley, encargada de otorgar las licencias, "iniciará sus funciones el día 10 de diciembre de 2009", al igual que la Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado, en virtud de los decretos.
Según el Gobierno, el principal objetivo de la ley es limitar los monopolios en el sector audiovisual al reducir a 10 el número de licencias de radiodifusión que una empresa puede tener frente las 24 actuales. El proyecto de ley también prevé imponer límites al número de licencias para medios audiovisuales regionales.
Las licencias se concederán por un periodo de diez años y serán revisadas posteriormente por la nueva Autoridad Federal de Aplicación de Servicios de Comunicación Audiovisual, encargado de aprobar la renovación de las licencias.
El Estado, el sector privado y las organizaciones sin ánimo de lucro --fundamentalmente la Iglesia Católica y las universidades-- se repartirán cada uno cerca de un tercio de las licencias para radio y televisión.
TELEVISIÓN DE PAGO
La ley, que reforma la anterior de 1980, también prevé abrir el mercado argentino de la televisión de pago a las compañías de telecomunicaciones que deseen ofrecer el triple servicio de telefonía, Internet y televisión.
Sin embargo, impide que una empresa que ofrezca servicios de televisión en abierto pueda ofrecer también servicios de cable y, asimismo, impide que una empresa cope más del 35 por ciento del mercado audiovisual.
CRÍTICAS
La oposición en Argentina denunció que la Casa Rosada impuso durante la tramitación parlamentaria de la ley que no se modificaran sus artículos más polémicos, incluidos los relativos a la cláusula de desinversión, que obliga a las empresas de radio y de televisión por cable a desprenderse de las empresas que excedan el límite de licencias que impone la iniciativa en el plazo de un año, informa 'La Nación'.
La mandataria admitió que "en algunos medios sólo se escuchaban voces contrarias a la ley", en referencia a grupos como 'Clarín', pero no dudó en agradecer a "los periodistas, que siempre fueron críticos, pero supieron separar lo que era este instrumento de la democracia".
El grupo Clarín, muy crítico con la política de los Kirchner, controla más del 70 por ciento del sector audiovisual argentino.
Igualmente, Fernández agradeció a "a los partidos políticos de la oposición que mantuvieron diferencias, pero supimos construir los consensos necesarios para aprobar este instrumento por mayorías nunca vistas en diputados y senadores".
El Senado aprobó el pasado 10 de octubre el proyecto de ley, tras 16 horas de debate y sin introducir ninguna enmienda, con 44 votos positivos, frente a 24 contrarios. La Cámara de Representantes aprobó por su parte el texto el pasado 17 de septiembre por abrumadora mayoría (147 votos a favor, 4 en contra y una abstención).
REFORMA POLÍTICA Y DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS
La presidenta argentina también adelantó su intención de impulsar una reforma política que permita a los ciudadanos elegir a los candidatos de los partidos que se presentan a los comicios en un sistema de votaciones primarias. "Vamos a lanzar una reforma política y vamos a buscar los consensos para la democratización de los partidos políticos", aseguró.
Sin embargo, consideró que la lucha "más importante" de su mandato debe centrarse en la "redistribución del ingreso que se empezó a modificar dramáticamente en 1976".