BUENOS AIRES, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -
El Senado debatirá este viernes el polémico proyecto de Ley de Medios Audiovisuales impulsado por el Gobierno de la presidenta, Cristina Fernández, para reducir el monopolio en el sector. El grupo Clarín, crítico con la política de los Kirchner, controla más del 70 por ciento del sector audiovisual argentino.
La mandataria argentina, muy criticada desde la oposición por este polémico proyecto y grupos mediáticos como 'Clarín', espera que el proyecto de ley sea aprobado antes del viaje que realizará a India un día después de que el Senado debate la iniciativa y después de que la Cámara de Representantes aprobara el texto el pasado 17 de septiembre por abrumadora mayoría (147 votos a favor, 4 en contra y una abstención).
Según el Gobierno, el principal objetivo de la ley es limitar los monopolios en el sector audiovisual al reducir a 10 el número de licencias de radiodifusión que una empresa puede tener frente las 24 actuales. El proyecto de ley también prevé imponer límites al número de licencias para medios audiovisuales regionales.
Las licencias se concederán por un periodo de diez años y serán revisadas posteriormente por la nueva Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, encargado de aprobar la renovación de las licencias.
El Estado, el sector privado y las organizaciones sin ánimo de lucro --fundamentalmente la Iglesia Católica y las universidades-- se repartirán cada uno cerca de un tercio de las licencias para radio y televisión.
El proyecto de ley, que pretende reformar la ley anterior de 1980, también prevé abrir el mercado argentino de la televisión de pago a las compañías de telecomunicaciones que deseen ofrecer el triple servicio de telefonía, Internet y televisión.
Sin embargo, la nueva ley, si se aprueba, impide que una empresa que ofrezca servicios de televisión en abierto pueda ofrecer también servicios de cable y, asimismo, impide que una empresa cope más del 35 por ciento del mercado audiovisual.
Asimismo, el texto legislativo prevé la creación de una nueva Autoridad de Aplicación o ente regulardor que sustituya al actual, en el que también estará representada la oposición y se creará una figura del defensor para tramitar las quejas de los ciudadanos.
La oposición en Argentina denuncia que la Casa Rosada ha impuesto a sus partidarios la orden de que no se modifiquen los artículos más polémicos de la ley, incluidos los relativos a la cláusula de desinversión, que obliga a las empresas de radio y de televisión por cable a desprenderse de las empresas que excedan el límite de licencias que impone la iniciativa en el plazo de un año, informa 'La Nación'.